El Tribunal de Corts (Tribunal Supremo) de Andorra ha dictado una resolución donde exculpa a todos los implicados en la estafa de Valora, con la excepción de su ex-director general, Xavier Felipó. De este modo, la justicia andorrana cierra la puerta a la recuperación del dinero que perdieron los damnificados, puesto que Xavier Felipó se ha declarado insolvente, a pesar de que su familia acumula un importante patrimonio en el Coprincipado.
Valora era una gestora de inversiones andorrana que «estalló» en 2007, dejando en la estacada a sus más de 400 clientes, acumulando unas pérdidas de 25 millones de euros. La investigación judicial y, en especial, el informe encargado al economista francés Philippe Riu, han permitido determinar que Xavier Felipó y sus colaboradores habían hecho una gestión nefasta de los 65 millones de euros que les habían confiado los clientes, muchos de ellos españoles.
Desde Valora se hicieron inversiones financieras de alto riesgo en mercados internacionales sin consentimiento de los damnificados, se dispuso de dinero de clientes sin su autorización y, para más inri, se falsificaron documentos contables para demostrar que todo «iba bien»… hasta que la ‘burbuja’ estalló.
La quiebra de Valora fue el primer gran escándalo financiero que sacudió Andorra. Pero, nueve años después, el caso todavía está pendiente de juicio. La empresa ha sido liquidada y los clientes sólo han podido recuperar una parte del dinero que depositaron. La distribución que hicieron los liquidadores -uno de ellos, el actual ministro Jordi Alcobé– estuvo llena de irregularidades, según denuncian algunos damnificados.
Las víctimas de esta estafa se han rebotado y han presentado una lluvia de demandas judiciales en los tribunales andorranos. Afirman que Valora era, en realidad, un instrumento creado por el Fibanc/Mediolanum y Andbank, a través del cual se evadía dinero de España a Andorra. De hecho, uno de los principales implicados, Jordi Jofre, era un ex-comercial de Fibanc y muchas de las reuniones de Valora con los clientes se hacían en las dependencias de este banco en Barcelona. La resolución del Tribunal de Corts «protege» los intereses de Fibanc y Andbank, a quienes se reclamaba que asumieran el «agujero» provocado por los directivos de la gestora de inversiones.
