Las oficinas de Endesa en la Gran Vía de Barcelona han recibido la visita, este jueves, de un centenar de activistas de la Alianza Contra la Pobreza Energética, que acusa a la compañía de incumplir la ley cortando la electricidad sin observar el principio de precaución, que requiere consultar antes la situación particular de la familia a quien se interrumpe el suministro.
Durante esta misma jornada, la portavoz de la Alianza, Maria Campuzano, ha entregado a Presidencia del Gobierno de la Generalitat el convenio que le reclama que firme para hacer frente a las compañías del sector energético y conseguir que se garantice el acceso a la energía sin cortes de todos los ciudadanos.
La Alianza Contra la Pobreza Energética culpa a las compañías como Endesa de saltarse la ley impunemente y también a la Administración, por no enfrentarse a ellas. «Si no se toma ninguna medida, pensaremos que hay cierta connivencia entre el gobierno catalán y estas empresas», señala Campuzano. Endesa, por su parte, dice que ya trabaja para buscar soluciones y destaca que se ha reunido con el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) y con miembros de la Alianza, y esgrime el haber habilitado canales de atención para los casos de pobreza energética.
Maria Campuzano ha advertido que si el Gobierno catalán no reacciona, «no descartamos ocupar también empresas de luz y agua y entrar, si es necesario, en la Generalitat». La acción de este jueves, difundida en Twitter mediante la etiqueta #NiTallsNiDeutes, cuenta con el apoyo de la PAH y del Observatorio DESC.
