El Tribunal Supremo se ha pronunciado de manera contundente: el polémico espacio de la Torre Negra, ubicado cerca de la trama urbana de Sant Cugat, no merece estar incluido en el Parque Natural de Collserola, puesto que no presenta valores ecológicos que justifiquen su preservación. Esta sentencia es un golpe muy duro contra la estrategia desarrollada durante los últimos años por el Ayuntamiento de esta localidad vallesana para evitar que los propietarios de la zona de la Torre Negra puedan sacar adelante el proyecto de urbanización y construcción de viviendas que tienen previsto.
En 2010, hacia el final del segundo Tripartito, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat, controlado por ICV, aprobó la declaración de la sierra de Collserola como parque natural. De acuerdo con el Ayuntamiento de Sant Cugat, la delimitación del parque incluyó a la Torre Negra, una zona de 170 hectáreas que, desde hace más de 30 años, es objeto de una enconada disputa sustanciada en numerosos litigios judiciales. Con la declaración de parque natural, el consistorio de CiU creía que ya tenía ganada la batalla definitiva, ya que esta catalogación prohíbe totalmente la implantación de nuevas edificaciones.
Pero el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), primero, y ahora el Tribunal Supremo han anulado la delimitación hecha por la Generalitat y han excluido la Torre Negra del perímetro del parque natural. ¿Por qué? Según los informes periciales que han analizado los magistrados, resulta que en esta zona «protegida» ya hay, desde hace años, chalés, pequeñas industrias, una hípica, un complejo deportivo… Además, buena parte de la superficie está ocupada por campos de cultivo abandonados y por vegetación común (encinas, pinos…) que, según el Tribunal Supremo, no merece la protección especial que según la legislación vigente, otorga la catalogación de parque natural.
El Plan General Metropolitano (PGM) de 1976 calificó la Torre Negra como suelo urbanizable no programado. Con esta expectativa, la empresa Núñez y Navarro compró, en 1985, el 56% de la finca. Junto con otros pequeños propietarios, promovieron la construcción de una ampliación residencial de Sant Cugat, con la previsión de construir 2.800 viviendas. En aquella época, Josep Lluís Núñez era el presidente del FC Barcelona y mantenía una durísima pugna por mantener el control del club con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y CDC, que aspiraban a conquistarlo a cualquier precio.
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