¿A qué responde la redundante agresividad de La Vanguardia contra el top manta? ¿Constituye para el diario un problema ciudadano grave? ¿Lo hace en nombre de pretendidos intereses comerciales o quizás utiliza estos como arma arrojadiza contra el Ayuntamiento de Ada Colau? ¿Trata de erigirse en dogmático paladín de la legalidad vigente? ¿Será por cuestiones estéticas? En el fondo de su relato subyace un insoportable mal olor a racismo y xenofobia.
Los manteros no han aparecido en Barcelona de la mano de Ada Colau, ya estaban aquí con Trias, Hereu, Clos e incluso antes, pero para La Vanguardia es igual, porque se trata de una cuestión de grado («la gravedad de la situación que está alcanzando el fenómeno del top manta?») y permisividad. Tesis que comparte plenamente con el portavoz municipal de CiU, Joaquim Forn («el gobierno de Colau ha sido permisivo y ha causado un ‘efecto llamada'») y el líder del PP, Alberto Fernández Díaz, que amenaza con denunciar a la alcaldesa por prevaricación.
Titulares a cinco columnas, proclaman desde La Vanguardia que «la estrategia anti-top manta no satisface a la oposición». «Se tenía que haber hecho antes y se tenía que haber sorprendido in fraganti a los manteros, identificarlos y requisar la mercancía», afirma, refiriéndose a un despliegue policial en los alrededores del puerto de Barcelona, que Paco Sierra, jefe de filas de Ciudadanos, ha calificado de «escenificación de la improvisación y el desgobierno». ¿Qué prefieren Paco Sierra y La Vanguardia? ¿La estrategia del gato y el ratón de Trias, que incluía pactos tácitos para vender en determinados lugares y a determinadas horas, acompañados de insufribles persecuciones, que se han incorporado al paisaje urbano de Barcelona?
Los mayoristas chinos
El colectivo de personas que se dedican a la venta ambulante conocida por top manta es pequeño. Está integrado por unas 200 o 300 personas, según la temporada. Proceden todas ellas de países subsaharianos, como Malí o Senegal. Son, en general, muy jóvenes, residen en su mayoría en pisos alquilados de Sant Adrià de Besòs y, de manera esporádica, trabajan en la recogida de la uva en Francia o de la fruta en Lleida, en un régimen que CC.OO. ha denominado, en un reciente estudio, de «casi esclavitud».
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