Los tribunales declararon nulo el concurso con el que se privatizó Aigües Ter-Llobregat (ATLL) mediante un contrato adjudicado por 50 años a Acciona que la Generalitat tiene que resolver. Pero el grupo dirigido por los Entrecanales no está dispuesto a dejar escapar el mayor contrato público catalán: ha recurrido en casación al Tribunal Supremo y, además, acaba de comprar el 39% de ATLL que poseía el banco brasileño BTG Pactual.
El pasado 25 de noviembre, el CEO de esta entidad, André Esteves, fue encarcelado en el marco de una operación anticorrupción que ha conmocionado al sector financiero brasileño. Desde entonces, BTG Pactual ha decidido vender urgentemente todos sus activos no estratégicos para obtener liquidez. Entre ellos figura su participación en el accionariado de ATLL, que ha acabado en manos de quien ha sido su socio desde que obtuvieron, en 2012, el contrato cifrado en 1.000 millones de euros, con el que se tenía que culminar el proceso privatitzador más importante de la historia de la Generalitat.
Acciona, que suma el 39% de BTG Pactual al 51% que ya poseía, ha hecho números sobre el precio de tumbar la concesión en un escrito remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estima que si la gestión de ATLL vuelve a manos públicas, como quiere la CUP , la Generalitat de Catalunya tendría que pagarle al menos 295,9 millones de euros. Esgrime, en ese sentido, una cláusula que prevé que en caso de resolución contractual antes de los 50 años estipulados, por cualquier causa, la Administración tendría que compensar a la concesionaria por diversos gastos.
El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, había cifrado el coste de tumbar la adjudicación en 326 millones.
