Al día siguiente que la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, se reuniera con los alcaldes de los cinco ayuntamientos denunciados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por haber apoyado la declaración independentista del Parlamento catalán, y les trasladara que tienen a la Generalitat a su lado, los regidores de la CUP en Barcelona han instado al Consistorio de la capital catalana a alinearse con ellos y adherirse a la resolución.
El grupo municipal de la CUP-Capgirem Barcelona ha registrado una proposición de apoyo a la declaración del pasado 9 de noviembre y la regidora María José Lecha ha declarado que la ruptura implica «apoyar a los ayuntamientos asediados por la Audiencia Nacional», remarcando la importancia que, según dice, tiene que la declaración llegue a los plenos «como acto de ruptura». Está previsto que la propuesta cupaire se discuta el 23 de diciembre.
Para la consejera de Gobernación, la acción de la Fiscalía en la Audiencia Nacional es un ataque a «la libertad de expresión de los ayuntamientos». «No se puede perseguir a los representantes de los ayuntamientos, ni a los ciudadanos por debatir libremente y democráticamente en sus órganos representativos», ha declarado Borràs después de su encuentro con Mercè Conesa (alcaldesa de Sant Cugat del Vallès), Carles Puigdemont (alcalde de Girona), Marc Castells (alcalde de Igualada), Albert Batalla (alcalde de la Seu d’Urgell), Daniel Cornellà (alcalde de Celrà) y Miquel Buch (presidente de la Asociación Catalana de Municipios). «En resumen: dejen en paz a los ayuntamientos catalanes», ha dicho la titular en funciones de Gobernación.
El Gobierno de la Generalitat ha acordado con los asistentes al encuentro que se coordinarán para dar la respuesta jurídica «más adecuada». Puigdemont, que también preside la Asociación de Municipios por la Independencia, espera que más ayuntamientos aprueben mociones en el mismo sentido.
Según la consejera, las mociones bajo investigación en la Audiencia Nacional «en ningún caso, en eso pueden estar tranquilos, constituyen un delito de sedición, rebelión, prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones, ni uso indebido de fondos públicos».
