La declaración del presidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, por la organización de la consulta alternativa del 9 de noviembre de 2014 se podía haber producido antes, si hubieran querido los imputados. Lo deja muy claro el instructor del caso, Joan Manuel Abril Campoy, en el auto del pasado 30 de septiembre con el que rechazó suspender la declaración de Dolores Agenjo, la directora de instituto que se negó a entregar las claves del centro para que se celebrara aquella votación.
En esa resolución, publica La Razón, Abril Campoy especifica que si Mas, Ortega y Rigau «deseaban prestar declaración», el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) les permite «les permite declarar ante el instructor cuantas veces quisiere». Y no sólo eso, también expresa que cuando se hubiera manifestado la voluntad de declarar, el juez los hubiera citado «de inmediato», una posibilidad que no ejercieron los querellados, como también se especifica.
Si los querellados no solicitan una fecha para declarar, la decisión recae en el instructor, pero las defensas de los imputados se quejaron porque el juez citó a declarar a testigos que consideraban «secundarios» antes de que a Mas, Ortega y Rigau. Finalmente, el presidente en funciones de la Generalitat visitará el juzgado el 15 de octubre, cuando se cumplirán 75 años del fusilamiento de otro presidente, Lluís Companys.
Altas presiones sobre el TSJC
Por otro lado, Público revela maniobras de sectores conservadores para moverle la silla a Miguel Ángel Gimeno, presidente de la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que se encarga de la querella por el 9N. Fuentes citadas por este digital señalan que la tensión es extrema y procede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, que tiene pendiente decidir si renueva a finales de año a Gimeno, en el cargo desde hace cinco años.
El mismo digital explica que se da por hecho que Carlos Lesmes, presidente del CGPJ a propuesta del PP que ha concentrado poder después de la reforma del órgano, acabará con la etapa de Gimeno en el cargo.
