La acción legal de los hermanos Higini y Ramon Cierco, principales accionistas de la Banca Privada de Andorra (BPA), ante el FinCen, la oficina antifraude del Tesoro norteamericano, ha sido divulgada mediante un comunicado con el que la entidad asegura que avisó al Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) de procesos judiciales que podían comprometer la reputación financiera del Principado.
Los Cierco afirman que el informe remitido en 2014 por el INAF incluía los casos que fundamentan la nota acusatoria emitida el 6 de marzo por el FinCen, que hizo estallar el escándalo que dio lugar a la intervención de la BPA, y niega haber favorecido el blanqueo de capitales por parte de organizaciones criminales, como sostienen los EE.UU..
Así mismo, los máximos accionistas de la BPA reclaman al FinCen, en la carta que le remitieron el pasado viernes, que revise su actuación en el caso, retire la nota acusatoria e inste las autoridades del Principado a parar la resolución de la entidad.
Según argumentan los Cierco, el Gobierno de Andorra es culpable de no haber informado o no haber actuado cuando, sostienen, recibieron la información de la BPA. Además, señalan que el Ejecutivo del Principado desvió la atención con la intervención de la entidad y que no trasladó a las autoridades de los EE.UU. la disposición de la BPA a cooperar.
De Tanzania en Andorra
La acción de los Cierco se basa en un precedente reciente. Se trata de un proceso emprendido por los EE.UU. contra un banco de Tanzania, el FBME Bank, que recibió acusaciones de amenazar la «seguridad nacional» incluso más graves que la BPA: le atribuían operaciones con Hezbolá y otros grupos.
Un juez acabó anulando la nota acusatoria contra aquella entidad porque consideraba que las acusaciones y medidas no estaban suficientemente fundamentadas.
