Ni por iniciativa propia, ni por requerimiento de otro partido. El Gobierno español del Partido Popular se desentiende del incumplimiento judicial de Coca-Cola Iberian Partners, la multinacional que embotella la bebida en la península, y que ha llevado a un millar de trabajadores a hacer huelga, desde hace un año y medio.
En una respuesta parlamentaria, después de que el diputado de IU Alberto Garzón pidiera al Ejecutivo que se implicara en el conflicto, el PP entiende que «se trata de un procedimiento judicial, en el cual el Gobierno no fue parte implicada, y la resolución del mismo viene determinada por la sentencia». «La resolución tiene que circunscribirse en el ámbito judicial, porque es una cuestión entre partes», añade la respuesta por escrito del Gobierno.
Los trabajadores de Coca-Cola en la planta de Fuenlabrada, la más grande del país, hace más de un año y medio que están de huelga, en protesta por el ERE presentado por la dirección, que fue anulado judicialmente por ilegal. La última sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada por el Supremo, obliga a la multinacional a readmitir a los empleados en el mismo puesto de trabajo que tenían antes de iniciarse el conflicto. Una resolución que Coca-Cola no ha cumplido.
