Todos hablamos de Grecia y de la posibilidad que acabe cayendo en default por no poder pagar los créditos de la «troika» que ahogan su economía. Pero en la otra punta del Mediterráneo, Catalunya se encuentra en una situación parecida. El «puente de mar azul» que une Catalunya con Grecia tiene muchos nombres en común: Itaca, Empúries, Neopatria.., pero también la espada de Damocles del default inminente.
Para los que dependen directamente de la administración catalana -proveedores, entidades del Tercer Sector, personas sin recursos, ayuntamientos, escuelas, hospitales, asociaciones del ámbito cultural…- la situación catastrófica de las finanzas de la Generalitat tiene un impacto angustioso e insoportable en el difícil día a día. El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, ha denunciado que el ahogo financiero comporta que, de facto, la Generalitat ya esté intervenida y el consejero de Presidencia, Francesc Homs, ha anunciado que las tensiones de tesorería se prolongarán, como mínimo, dos o tres meses más.
El escenario es tenebroso y sólo hay que escuchar, por ejemplo, a los farmacéuticos o a los alcaldes para corroborarlo. El sistemático impago de las facturas y la desesperante morosidad de la Generalitat tienen unas consecuencias traumáticas y, en muchos casos, irreversibles para miles de catalanes -empresas y particulares- que dependen de las arcas autonómicas para poder funcionar.
Ahora estamos en verano, el mes de agosto es inhábil, supuestamente el mes de septiembre habrá elecciones al Parlamento de Catalunya, el gobierno que salga no empezará a ser operativo –con suerte- hasta el mes de noviembre, enseguida nos caerán encima las fiestas navideñas… Esto quiere decir, lisa y llanamente, que en los próximos seis meses, la situación política en Catalunya estará inmersa en una absoluta provisionalidad y con unos gobernantes totalmente en precario.
El miedo que hay es que, instalados en esta larga incertidumbre, las perentorias necesidades de los proveedores y de los dependientes de la Generalitat queden desatendidas y que la bola de la deuda pública alcance magnitudes asfixiantes, con un efecto letal sobre las constantes vitales de Catalunya. Por eso, desde esta perspectiva, lo más razonable sería -parece- que el presidente Artur Mas asuma su responsabilidad de agotar la legislatura hasta finales del año próximo, en vez de convocar elecciones anticipadas este 27-S.
Catalunya no es un ente sobrenatural. Catalunya somos los 7,5 millones de personas que habitamos este triángulo con vértices en el cabo de Creus, el Valle de Arán y el delta del Ebro. Catalunya no nació ayer. Catalunya es una identidad política con muchos siglos de historia a las espaldas.
Ahora y aquí hay unas urgencias ineludibles que pasan, antes que nada, por restablecer la normalidad en el funcionamiento de la Generalitat y garantizar el pago de las personas, empresas y entidades que dependen de las arcas autonómicas. Si hacemos caso de la «hoja de ruta» pactada por CiU, ERC, ANC, Òmnium Cultural y la AMI, después del 27-S se abrirá un nuevo periodo provisional de 18 meses en el cual habrá que redactar la nueva Constitución catalana, antes de proclamar la independencia.
Todo esto es muy largo. Y, mientras tanto, ¿de qué comeremos? ¿No sería más inteligente y más pragmático poner, de entrada, orden a las caóticas finanzas de la Generalitat y pactar –con la fuerza unánime, ahora sí, del Parlament- una correcta financiación?
