El nuevo panorama municipal surgido de las elecciones del 24-M y la posterior configuración de los gobiernos locales confirman el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) como el gran bastión de la izquierda plural en Catalunya. CiU ha sufrido una debacle electoral en este territorio y ha perdido representación en la gran conurbación que integra Barcelona y las ciudades que la orbitan, con Xavier Trias como gran damnificado por este retroceso. El PP también ha perdido las emblemáticas alcaldías de Badalona y Castelldefels. Las candidaturas impulsadas por Podemos, el PSC, ERC, ICV-EUiA y las CUP copan la práctica totalidad de las corporaciones municipales de la AMB y son hegemónicas en el mapa metropolitano.
En esta nueva tesitura es necesario poner en valor la realidad metropolitana de Barcelona, que engloba a 3,2 millones de los 7,5 millones de la población catalana y genera el 52% del PIB del país. Debido a la Ley de ordenación territorial propugnada por Jordi Pujol en 1987, los 36 municipios metropolitanos quedaron descuartizados en cuatro comarcas: el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental y el Maresme. En la retorcida mentalidad pujolista, la AMB (y su antecesora, la Corporación Metropolitana de Barcelona) era un «peligroso demonio» que amenazaba de actuar como contrapoder de la Generalitat y por eso había que debilitarla y desmembrarla.
Afortunadamente, los tiempos de la «guerra fratricida» CiU-PSC, que marcaron 35 años de la historia de Catalunya, han quedado superados. Nuevos actores políticos han entrado en escena y han dejado sin sentido esta esquizofrénica polarización, encarnada por Jordi Pujol y Pasqual Maragall. La nueva alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, simboliza este cambio de paradigma político que arrancó el pasado 24-M.
Todas las grandes capitales del mundo estructuran sus áreas metropolitanas. No se trata de evocar ningún fantasma centralista. Al contrario, es un ejercicio de racionalidad administrativa, de planificación y coordinación territorial y de mancomunar servicios en beneficio de todo el mundo. Aquello que resulta inverosímil es la superposición burocrática que sufre, por ejemplo, un ciudadano de El Prat, sometido actualmente a seis niveles burocráticos: el Ayuntamiento, el consejo comarcal del Baix Llobregat, la AMB, la Diputación de Barcelona, la Generalitat y la Administración del Estado.
En espera de la futura composición del plenario y de los órganos de gobierno de la AMB, es obvio que Ada Colau está llamada a ser la nueva presidenta de esta institución supramunicipal. Aquí tiene una gran tarea a realizar: tiene que dar visibilidad a la dimensión metropolitana de Barcelona e impulsar una mayor colaboración e integración de los 36 municipios que forman parte. En síntesis, los problemas que afectan a un vecino de Sants-Montjuic son los mismos que sufre un vecino de Sant Boi o de Santa Coloma de Gramenet.
Las competencias de la AMB están pautadas por la ley del Parlamento del año 2010 que marcó su creación, en época del Tripartito. Las dinámicas económicas y sociales siempre van por delante de su regulación jurídica y es evidente que la realidad metropolitana es mucho más viva, mucho más profunda y va mucho más allá del actual marco legal que la delimita.
Ada Colau tiene que liderar el proceso de compactación metropolitana de Barcelona, eso sí, desde el respeto escrupuloso a la autonomía de cada municipio. Su talante y el de la formación que la ha catapultado a la alcaldía de Barcelona garantizan que este proceso –imprescindible e inaplazable- se hará desde el diálogo y la negociación de igual a igual. Es el otro «proceso» que está en marcha en Catalunya.
