Aprovechando el ruido electoral de estas semanas, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, ha perpetrado una barbaridad que tendrá gravísimas consecuencias sociales: ha abierto la puerta a una nueva prolongación de la concesión de la autopista de peaje C-32, un agravio que la comarca del Maresme no está dispuesta a tolerar de ninguna manera.
La autopista Barcelona-Mataró es la primera que se construyó en el Estado español. Fue inaugurada el 2 de julio de 1969, ¡hace 46 años! Y, por ahora, la barrera del peaje continúa penalizando a los 85.000 automovilistas que utilizan diariamente esta vía de comunicación, que ya están hasta el gorro de pagar para pasar por una autopista que está totalmente amortizada y que es una máquina tragaperras… sin premio.
La concesión original tenía su vencimiento en 2004. Pero en tiempo del ministro socialista Josep Borrell, se amplió hasta el año 2016, con la excusa de la construcción del tramo Mataró-Palafolls. La Generalitat asumió su titularidad y, en 1998, el gobierno de Jordi Pujol acordó una nueva ampliación: la fecha de vencimiento se fijó el 31 de agosto de 2021, a cambio de que la empresa concesionaria implementara «peajes blandos» para los residentes en la zona.
La carretera Tordera-Lloret
Los habitantes del Maresme esperan ansiosos la llegada de este 31 de agosto de 2021, cuando, finalmente, quedarán liberados del yugo de los peajes que han soportado durante décadas y ya han iniciado la cuenta atrás. Pero he aquí que el consejero Santi Vila se ha sacado de la manga un convenio con la empresa Infraestructures Viàries de Catalunya SA (Invicasa), filial de Abertis, que prevé la ampliación sine die de esta concesión.
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