El «misil» lanzado por el departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra la Banca Privada de Andorra (BPA) ha puesto al descubierto las miserias que se esconden tras la fachada del paradisíaco Coprincipado del Pirineo. Uno de los «edificios» de la arquitectura institucional que han resultado más gravemente afectados por la nota demoledora del FinCEN ha sido la administración judicial andorrana.
Según ha trascendido estos días, el Tribunal de Corts (el equivalente al Tribunal Supremo español) decidió levantar, en una escandalosa sentencia del 13 de mayo de 2014, el embargo de los depósitos bancarios que tenía en la BPA el magnate chavista Diego Salazar, acusado por la Fiscalía del país pirenaico de blanqueo de unos 200 millones de euros. Esta sentencia fue firmada por la magistrada Anna Estragués, uno de los cinco miembros del Tribunal de Cortes.
Magistrados forasteros
En otra polémica decisión de esta instancia judicial, la magistrada Concepció Barón ha desestimado la comisión rogatoria impulsada por la Audiencia Nacional española para acceder a la documentación bancaria de Jordi Pujol Ferrusola en la banca andorrana. Esta diligencia, instada por el magistrado Pablo Ruz, es fundamental para averiguar, de una vez por todas, el misterio del legado que, según el expresidente de la Generalitat, es el origen de la fortuna offshore de Pujol.
La administración judicial andorrana está formada por tres niveles: la Batllia o juzgados de primera instancia, con capacidad para dilucidar delitos económicos que no superen los 12.000 euros; el Tribunal de Corts, cámara de segunda instancia, constituida por el presidente, el vicepresidente, un magistrado titular y dos magistrados adjuntos; y el Tribunal Constitucional, formado por cuatro miembros, dos españoles y dos franceses.
LEE EL REPORTAJE COMPLETO EN LA EDICIÓN EN PAPEL DE EL TRIANGLE DE ESTA SEMANA
