La detención de Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno español y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, sólo ha durado unas horas. Este jueves, efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente del Ministerio de Hacienda, han registrado durante siete horas su domicilio y su despacho profesional a instancias de una denuncia de la Fiscalía presentada al Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, con la que se pretendía evitar que el exvicepresidente y ministro de Economía, investigado por fraude, blanqueo y alzamiento de bienes, destruyera pruebas tras haberse conocido que Hacienda le estaba investigando.
Aunque su imagen pública ha quedado del todo hundida, Rato es libre –«Estoy en mi casa, con mi familia y en libertad», ha declarado- y, al margen de la importancia que pueda tener la documentación confiscada y de la relevancia del investigado, la actuación de este jueves presenta algunas anomalías.
La actuación del Gobierno español ha sido insólita y ha generado confusión entre los funcionarios que combaten el fraude y la corrupción, publica este viernes eldiario.es citando fuentes jurídicas. El Ministerio de Hacienda que encabeza Cristóbal Montoro, según la misma información, ha maniobrado sin informar a la Fiscalía Anticorrupción, que se enteró de la judicialización del asunto de Rato gracias a los medios de comunicación.
Igualmente, fue gracias a los medios que Anticorrupción supo que el Gobierno había optado por acudir a la Fiscalía provincial madrileña, no especializada. Según eldiario.es, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, recibió una llamada telefónica de Antonio Salinas, jefe de Anticorrupción, y aceptó su reclamación: conducir desde la fiscalía especializada estas actuaciones sobre Rato, a quién Anticorrupción investiga por el caso de Bankia desde 2012.
El mediático acontecimiento centrado en un Rodrigo Rato detenido durante unas horas -las cámaras de TV llegaron al lugar de los hechos antes de que Vigilancia Aduanera y el Gobierno español enseguida posicionó su relato- no ha tenido ninguna otra consecuencia, de momento, para el exvicepresidente.
En cambio, ha conseguido eclipsar las escandalosas confidencias de Javier de Rosa al ‘pequeño Nicolás’, reveladas por Público, sobre algunos de los actores más relevantes del régimen constitucional del 1978 y de la Catalunya pujolista, y sus supuestas complicidades y tejemanejes, pasadas por alto o recortadas al gusto en muchos medios durante este jueves, en las horas previas al estallido del asunto de Rato. Entre otros retratados figuran el rey Juan Carlos de Borbón, Felipe González, José María Aznar (y también Rato), el ministro Jorge Fernández Díaz y Jordi Pujol (y sus hijos y su entorno político -Xavier Trias y Artur Mas incluidos-), además de poderosos banqueros y empresarios.
