La Catalunya del siglo XXI se ha convertido en el país de los eufemismos, de las medias palabras, de los sobreentendidos y de los malentendidos. Tenemos dos conceptos claros: independentismo o constitucionalismo. Entre estos dos polos hay un magma de palabras que suenan «bien», pero que, de momento, están vacías de contenido preciso y rellenas de ambigüedad: «soberanismo», «derecho a decidir», «estructuras de Estado», «Estado propio», «Hacienda propia», «federalismo», «confederalismo»… Aunque a muchos no les guste, ésta es la Tercera Vía y tengo que decir que está más viva que nunca.
La sociedad asiste atónita a esta «nube» de expresiones que no se sabe muy bien qué concreción tienen ni qué consecuencias comportan. Poner luz sobre este lío e intentar desenmarañarlo es la tarea prioritaria que correspondería a los políticos, en vez de complicar el sudoku cada vez más, como hacen.
Desgraciadamente, el calendario electoral que tenemos por delante no invita a la necesaria clarificación. Al contrario. Las municipales y las generales del año próximo pintan muy mal para los dos grandes partidos de la derecha española y catalana, inmersos en enormes casos de corrupción (caso Gürtel, caso Pujol y caso Palau, especialmente) que, sin duda, les pasarían factura en las urnas. Si no fuera…
Si no fuera que PP y CiU, aunque pueda parecer lo contrario, se entienden a las mil maravillas por debajo la mesa. El actual «magma» favorece, objetivamente, sus intereses a corto y medio plazo. El PP, haciendo una defensa numantina del actual texto constitucional, refuerza a su electorado más españolista e inmovilista. Por su parte, los cantos de sirena de CiU –apelando al «tú ya me entiendes»- tienen la virtud de parar la sangría de los votos de los independentistas de buena fe hacia ERC y con la estrategia de la «lista única» o «lista del presidente» los convergentes borran de las papeletas electorales unas siglas que están totalmente quemadas por la corrupción y que necesitan cambiar urgentemente antes de los próximos comicios municipales y generales.
Tengámoslo claro, para no perder el mundo de vista: la independencia de Catalunya es imposible en el actual contexto de la Unión Europea. Los socios comunitarios NUNCA permitirán que se consolide el precedente jurídico que una «región» se pueda escindir de un estado miembro si así lo deciden sus habitantes en un referéndum. Los independentistas «fantasean» con los tanques de la División Acorazada Brunete entrando por la Diagonal. Que no sufran. En todo caso, si un buen día el Parlamento de Catalunya hace, de verdad, una DUI (declaración unilateral de independencia), nos encontraríamos con los barcos de la VI Flota en los puertos de Barcelona y Tarragona.
Esto, Mariano Rajoy y Artur Mas lo saben y lo asumen perfectamente. Entonces, ¿de qué se trata?
Estamos hablando a un año vista, una vez celebradas las elecciones generales, con un Congreso de los Diputados donde, muy previsiblemente, el PP habrá perdido la mayoría absoluta. En este escenario, si los resultados acompañan y bajo el impulso del nuevo rey Felipe VI, se abordará una reforma de la Constitución del 1978, con una activa participación de PP, PSOE, CiU y Podemos-IU, que sin duda sumarán los 2/3 requeridos de los escaños.
¿Qué contemplaría esta reforma de la Constitución? Grosso modo:
1. La transformación del Senado en una Cámara de representación territorial, como el Bundesrat alemán
2. La fijación de un límite a la solidaridad interterritorial, de forma que la sensación de «agravio fiscal» que tienen los catalanes quede claramente delimitada
3. El reconocimiento explícito de la singularidad nacional de Catalunya y la protección integral de nuestra lengua propia
4. Mecanismos para impedir que el Tribunal Constitucional pueda suspender preventivamente los acuerdos de los gobiernos y de los parlamentos autonómicos
5. Supresión del anacrónico artículo que convierte al Ejército en el garante de la unidad del Estado
6. Normalización de la sucesión hereditaria en la figura de la infanta Leonor
Si diseccionamos el discurso del presidente Artur Mas en el auditorio del Fórum, veremos que dejó abierta la puerta a una solución de estas características. Con una condición imperativa: que cualquier modificación del actual status político e institucional de Catalunya sea sometida a votación refrendaria. Condición extensible, añado, al resto de la población española en el supuesto de que se modifique el texto constitucional, como es preceptivo.
Entre el Memorial de Greuges de 1885 (primer texto del catalanismo político) y hoy ha llovido mucho (especialmente, estos últimos días) y tenemos, desde hace 35 años un Estatuto de Autonomía. Entre la independencia de Irlanda del 1921 (referente del catalanismo independentista) y hoy han pasado casi cien años, la II Guerra Mundial, la creación de la Unión Europea y la caída del Muro de Berlín. Si vamos a la raíz del actual conflicto encontramos, en síntesis:
· La anulación total de un artículo y parcial de 13 más de los 223 artículos que tiene el Nuevo Estatuto de 2006 por parte del Tribunal Constitucional
· El incumplimiento por parte del Gobierno central de algunas cláusulas del sistema de financiación, sustituidas con creces por las aportaciones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que, a pesar de tratarse de préstamos, su retorno es aplazable y modulable
· La demora, en vías de solución presupuestaria, de infraestructuras que se consideran capitales para los intereses de Catalunya, como por ejemplo el eje ferroviario del Mediterráneo o la conexión en ancho europeo del puerto de Barcelona. Otra cosa es el desdoblamiento, por el sistema gratuito de autovías, del tramo gerundense de la N-II y de la N-340, supeditado al futuro de la concesión de la AP7, que ya veremos cómo acaba.
· La aplicación de la Ley Wert, que impone un mínimo de horas en castellano a las escuelas catalanas y obliga a la Generalitat a pagar la escolarización de los alumnos que quieran estudiar 100% en castellano. A pesar de la virulencia política levantada por esta ley, la realidad es que el sistema de inmersión lingüística funciona normalmente en Catalunya. Tormenta en un vaso de agua.
· La anulación preventiva, por recurso del Gobierno español ante el Tribunal Constitucional, de algunos decretos de la Generalitat, como por ejemplo el referente a la pobreza energética, o la Ley de horarios comerciales
Si observamos con perspectiva -desde Bruselas o Washington, por ejemplo-, las causas «concretas» del conflicto Generalitat/Estado debemos concluir que el casus belli aparente tiene una sustancia muy relativa y es fácilmente abordable y resoluble por la vía de la negociación política. Debo advertir, sin embargo, que este año 2015 ni el PP ni CiU no acercarán posiciones ni lograrán unos acuerdos que estarían, con buena voluntad, al alcance de la mano. A Mariano Rajoy y a Artur Mas les interesa azuzar el fuego para que no se les escape la clientela electoral en las urnas.
De eso se trata.
