La Abogacía del Estado analiza las actuaciones de la Generalitat de Catalunya para determinar si constituyen un incumplimiento de la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional. Lo ha explicado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien también ha dejado caer que no se actuará contra el ‘proceso participativo’ del 9N si el Gobierno catalán no interviene en él.
En concreto, Catalá ha dicho que «si la Generalitat, que es a quien se ha dirigido el Tribunal Constitucional, no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir ni al Constitucional ni a jueces y tribunales para actuar, porque no hay vulneración del ordenamiento jurídico». En relación a una eventual cesión del Gobierno de Mas del pilotaje del proceso consultivo a entidades ciudadanas, a pesar de que Catalá no se ha referido a ello específicamente, ha indicado que «el ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos nadie lo va a impedir».
Este mismo jueves se ha conocido la decisión del Tribunal Supremo sobre el recurso que la Generalitat presentó contra la impugnación de la consulta alternativa del 9N. El Supremo ha rechazado levantar la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional, solicitada mediante un recurso contencioso administrativo, y detecta una causa de inadmisibilidad porque el acuerdo del Consejo de Ministros no es susceptible de un recurso como el presentado por la Generalitat. Según los seis magistrados que han firmado el auto, sólo el Constitucional puede decidir sobre condiciones de admisibilidad y sobre el fondo de la cuestión.
