La Ley 1/2013 («de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social»), reforma aprobada por el PP en solitario hace 14 meses de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución hipotecaria, viola derechos fundamentales, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En concreto, la legislación del Gobierno español infringe el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva. El TJUE señala que el deudor queda en situación de inferioridad en relación con el banco porque las entidades pueden interponer un recurso de apelación contra una resolución contraria a sus intereses, mientras que los ciudadanos que denuncian cláusulas abusivas, en cambio, no tienen acceso a una segunda instancia para suspender la ejecución hipotecaria.
No es el primer revés europeo que se lleva el Gobierno de Mariano Rajoy en materia de vivienda. En marzo de 2013, TJUE ya calificó de abusiva la legislación española y dictaminó que los jueces españoles podían suspender cautelarmente los desahucios mientras se determinaba la existencia de cláusulas abusivas en el contrato. Era su respuesta al caso de un obrero marroquí expulsado de su casa, elevado por un juzgado mercantil de Barcelona. La reforma incluida por el Gobierno popular para obedecer a la Justicia comunitaria se ha demostrado insuficiente.
Procesados siete activistas de la PAH
Esta misma semana se ha conocido que siete activistas de la PAH, entre ellos el regidor de ICV-EUiA en Santa Eulàlia de Ronçana Agustí Gonzalo, serán juzgados en Granollers el 15 de diciembre por desórdenes públicos. Reivindicaron la dación en pago para una mujer ocupando una oficina de Catalunya Caixa en l’Ametlla del Vallès. Según la PAH, esta persona iba a firmar un preacuerdo para obtener la dación en pago con un remanente de 27.000 euros en forma de préstamo personal, pero la entidad acabo reclamándole el piso y 47.000 euros.
