Un nuevo procedimiento disciplinario introducido por el Gobierno del PP y puesto en marcha desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclama a los 33 jueces que firmaron el manifiesto a favor de la consulta por la independencia de Catalunya que expliquen sus motivos. Concretamente, el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, figura creada por el Gobierno popular para promover procesos disciplinarios contra jueces y magistrados, les ha pedido que respondan a un cuestionario que les han enviado por carta.
Las cinco preguntas, que forman parte de unas diligencias informativas, buscan saber si el juez admite ser firmante o suscriptor del manifiesto, si su defensa del ‘derecho a decidir’ responde a órdenes o peticiones de terceros o si se trata de una decisión propia, si han firmado el manifiesto en calidad de juristas y «en consideración a ostentar la condición de magistrado», cuál es la finalidad de su actuación y cómo y cuándo se dio a conocer el manifiesto. Recibieron la carta el pasado miércoles, día 25, y tienen diez días para responder. Todo indica que lo harán conjuntamente.
Este interrogatorio ha sorprendido e indignado a los jueces, como ha quedado claro en la intervención de Xavier González de Rivera, en representación de los 33 firmantes, en TV3 : «¿Por qué se nos pregunta esto? ¿Por qué razón, si no hay un amparo legal para podernos hacer estas preguntas? ¿Que nos tenemos que confesar? ¿El día que publicamos hicimos una confesión? ¿Se quiere interpretar esto? Pero si ya lo hemos publicado. No hace falta que digamos más veces que lo hemos firmado.(…) No hay ningún tipo sancionador disciplinario que se pueda incluir dentro de lo que hicimos nosotros. Nosotros ejercimos el derecho a la libertad de expresión, y esto está cubierto por la Constitución».
González de Rivera considera que las diligencias informativas del CGPJ, si no hay ningún expediente abierto, son ilegales y que la denuncia de Manos Limpias, que les acusaba de promover la sedición, tendría que estar archivada.
Días calientes al CGPJ
En relación con este asunto, el CGPJ vivo días de fricción. Una de las vocales progresistas del CGPJ, la catalana Roser Bach Fabregó, ha denunciado en una entrevista en Público que el Gobierno de Mariano Rajoy quiere censurar los jueces mediante la reforma de la ley. Considera que se trata de «un intento de control» para que la judicatura no exprese con normalidad sus opiniones.
Los vocales progresistas, además, reclaman que el órgano de gobierno de los jueces actúe contra el fiscal Pedro Horrach, por sus declaraciones sobre el juez José Castro, que ha mantenido la imputación de la infanta Cristina.
