Después de tres años de intenso debate sobre el futuro de Catalunya es hora de recapitular y de ver dónde estamos. Todo el mundo está de acuerdo en que el conflicto arranca con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Nuevo Estatuto y en la desnaturalización ‘a posteriori’ del texto que había sido aprobado en referéndum por el pueblo catalán. En síntesis, hay siete salidas definidas a la actual situación:
1. Acatar la sentencia del Tribunal Constitucional y aceptar el Nuevo Estatuto recortado que, de todas maneras, comporta una sensible mejora competencial y financiera en relación con el Estatuto de Sau
2. Rechazar la sentencia del Tribunal Constitucional y exigir la plena vigencia de la integridad del texto del Nuevo Estatuto aprobado en referéndum a través de la adaptación de las leyes estatales concernidas
3. Elaboración de una nueva reforma del Estatuto que amplíe competencias y adopte, entre otras medidas, un nuevo sistema de financiación autonómica «a la vasca» (pacto fiscal)
4. Promover una reforma de la Constitución de 1978 que aclare y actualice el lío del Estado autonómico y reformule el mapa competencial y de financiación con un esquema federal, parecido al de Alemania o al de los Estados Unidos
5. Proclamar la independencia a través de un referéndum vinculante convocado tras una modificación de la Constitución española que contemple el ejercicio del derecho a la autodeterminación de las comunidades autónomas
6. Lograr la independencia a través de una declaración unilateral aprobada por mayoría simple por el Parlamento de Catalunya
7. Acceder a la independencia a través de una mayoría muy cualificada (2/3 partes, por ejemplo) del Parlamento de Catalunya
La propuesta del presidente Artur Mas -apoyada por ERC, ICV-EUiA y la CUP- de hacer una consulta el próximo 9 de noviembre me parece reduccionista, confusa y precipitada. Por varias razones:
1. Limita a tres el abanico de siete opciones reales que hay a debate entre los partidos políticos con representación parlamentaria
2. La pregunta acordada por las cuatro fuerzas políticas es muy ambigua. ¿Qué significa, exactamente, «quiere que Catalunya sea un Estado»? Las interpretaciones y matices a esta primera pregunta son múltiples, tanto si la respuesta es «sí» como si es «no».
3. Mientras ERC y la CUP son partidos inequívocamente independentistas, la federación CiU parece que está formalmente dividida sobre esta cuestión capital. Convergència Democràtica nunca se ha definido en un congreso como partido independentista y sus socios de Unió han declarado, por activa y por pasiva, que no son independentistas. Antes de llegar a la hipotética consulta es preciso que se aclare ante la sociedad catalana esta cuestión fundamental: ¿propugna CDC la independencia? Entonces, por un principio de honestidad política elemental, la federación de CiU se tiene que escindir. Mientras el presidente de la Generalitat, Artur Mas, impulsor de la consulta del 9-N, no explique claramente cuál es su posición, todo el proceso está viciado e invalidado de entrada. A la gente -en asuntos de gran trascendencia como éste- no se la puede engañar con imposturas ni con medias verdades ni con implícitos que se prestan al enredo.
En el actual contexto, y dada la confusión que hay sobre las preguntas y el alcance real de la consulta del 9-N, me parece mucho más racional y esclarecedora la convocatoria, cuando toque, de unas elecciones donde cada partido político que se presente especifique, con exactitud, cuál es su propuesta para dar salida a la crisis institucional provocada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Nuevo Estatuto. Todas las elecciones democráticas conllevan el cacareado «derecho a decidir» que evocan los convocantes de la consulta y, en este sentido, restringirlo a sólo dos preguntas con tres respuestas me parece una monumental estafa intelectual y un insulto a la pluralidad de sensibilidades políticas que hay en la sociedad catalana.
Dejemos que la gente decida, pero de verdad: que cada partido presente sus propuestas, con todos los matices, sobre el futuro institucional de Catalunya y que se puedan votar libremente, con pleno conocimiento de todas sus implicaciones políticas, económicas y sociales (Unión Europea, euro, OTAN, Naciones Unidas…). Hacer del «derecho a decidir» un sinónimo de referéndum es una trampa immoral que sólo «cuela» por el insoportable ruido de los medios de comunicación subvencionados desde la misma Generalitat con la evidente finalidad de intoxicar a la opinión pública.
Para decidir nuestro futuro, Catalunya no necesita una consulta parcial y manipulada como la del 9-N. Catalunya necesita unas elecciones con una campaña rica en debates abiertos, sinceros y en profundidad donde podamos saber, por ejemplo, cuál es el proyecto de país de Artur Mas (que hasta ahora no lo ha concretado: increíble, pero cierto).
