La racional, justa y reparadora decisión del Tribunal de Estrasburgo declarando nula la ‘doctrina Parot’ ha herido la sensibilidad popular. La justicia, en lenguaje de Cervantes, debe utilizar el sentido común a la llana, sin conceptos oscuros ni intrincados. La función de los más altos tribunales es velar por la aplicación de la ley, en justicia, evitando falsas y viperinas interpretaciones. Por ello si la norma implantada por el legislador es absurda, su aplicación será disparatada y si se vulnera cuando la ley es rigurosa como en este caso -aunque dañina para determinadas finalidades e intereses políticos- su rectificación es obligada. A veces pienso que justicia y democracia son conceptos antagónicos. Si retornara el Tribunal del Santo Oficio de la Santa inquisición, como quieren la mayoría de las ‘víctimas del terrorismo’, con sus procesos secretos, sus pactos de silencio y sus jueces sin rostro, el pueblo desconocería los entresijos de la dignidad perdida del poder judicial.
La Constitución española lo establece con suma claridad. Las leyes no pueden aplicarse retroactivamente. Las penas no pueden imponerse en base a unos principios no vigentes en el momento de cometerse los delitos. Pero distintos Gobiernos del Estado español se pasaron por alto este principio fundamental obligando a sus lacayos-miembros de los tribunales, supremo y constitucional, a motivar lo injustificable. Fue en 2004 cuando cambiaron las reglas. Lo hicieron mediante sentencias para apaciguar a las víctimas, apiñadas en varias asociaciones próximas al PP para, de esta forma, beneficiarse de las indemnizaciones y otras prebendas que paga el pueblo y que les garantizan diversas leyes. La Sentencia de la Gran Sala de Estrasburgo declara con respecto a Inés del Río, la primera ex etarra puesta en libertad que: ‘…la modificación de su jurisprudencia (se refiere al TS español) supondría aplazar en casi 9 años su puesta en libertad. La demandante ha superado una pena de prisión que, según el sistema jurídico en vigor en el momento de su condena, ya tiene cumplida. Por consiguiente: las autoridades españolas deben ponerla en libertad en el plazo más breve posible.’
Sin embargo, la mala información prestada por los medios más cercanos a la derecha recalcitrante del PP y la manifestación del pasado domingo en Madrid denota el huracán de aflicciones, no de opiniones, de una gran mayoría de ciudadanos creado por una sarta de mentiras, medias verdades, demagogias en vez de hechos, insultos, odio y mitos periféricos… Inés del Río fue juzgada y condenada según el Código penal vigente en el momento en que cometió sus crímenes. Ha salido de la cárcel después de 26 años de cautiverio, ‘el mayor mal que puede venir a los hombres’ según Cervantes, por lo que se halla en paz con la sociedad. Sin embargo, tal como apuntó Ramón Lobo en un artículo revelador publicado en ‘Infolibre.es’, los que no se encuentran en esta posición son sus víctimas para quienes no hay reparación posible’. No cabe hablar de inmunidad.
Los 9.522 asociados a las ‘víctimas del terrorismo’, están convencidos de que sus mártires les pertenecen. Han pasado de ser testimonio vivo de unos lamentables sucesos en verdugos constantes e implacables de los autores de los delitos que, para ellos, no tienen reparación. Porque, si el Tribunal de Estrasburgo hubiese considerado lícita la ‘doctrina Parot’, al finalizar los etarras sus condenas las víctimas hubiesen exigido al Gobierno nuevas rehabilitaciones –cadena perpetua, pena de muerte…- para calmar su odio desmedido fomentado por algunos medios y la ignorancia de algunas gentes. De otra parte, muchas víctimas deben pensar que si los causantes de aquellos males despreciables salen en libertad de sus mazmorras, perderían las subvenciones estatales, las ventajas económicas y las prerrogativas populares. Esta es la principal razón por la que se han convertido en mártires atormentados permanentes, en penitentes de una interminable procesión de viernes santo y en sufridos militantes de la derecha más atroz.
Sin embargo, en la España de la democracia existen otras víctimas. Me refiero a los millones de familiares de muertos del genocidio franquista, de aquel funesto estallido de las fuerzas fascistas, clericales y aristocráticas unidas con el ejército rebelde para destruir el gobierno republicano de Madrid. Franco y el resto de generales rebeldes habían contraído el compromiso con los partidos totalitarios de la derecha más recalcitrante de toda España de utilizar al Ejército para erradicar el poder popular. Lo consiguieron pero tras un genocidio feroz que duró dos años, ‘que enlutó a más de un millón de hogares y destruyó bienes inmemoriales’. En palabras de Paul Preston, ‘los Regulares y la Legión mutilaban a los heridos, les cortaban las orejas, la nariz, los órganos sexuales y hasta los decapitaban. Tales prácticas, en armonía con las matanzas de prisioneros y la violación sistemática de las mujeres, fueron permitidas en España por los oficiales sublevados como antes lo habían sido en Marruecos por Franco y otros mandos militares’.
Pues bien. Este millón de familiares de estas víctimas que se mantiene en activo a lo largo de todo el país no ha percibido ni un solo céntimo de las arcas del Estado como indemnizaciones compensatorias. Tampoco se ha beneficiado de ninguna otra ayuda para recuperar los cadáveres de sus ancestros enterrados en fosas comunes o en las cunetas de carreteras secundarias. El ejecutivo de Rajoy argumenta que lo ocurrido durante la Guerra Civil y mientras Franco rigió los destinos de sus súbditos ‘es una herida que no se debe reabrir’. Al Gobierno tampoco le interesa recuperar las 130.000 personas desaparecidas forzosas a pesar de que la pérdida de todas ellas está documentada fehacientemente. La verdad es muy simple: unas, las de ETA, son de derechas y las otras, las de Franco y sus secuaces, son de izquierdas.
La manifestación del domingo que bajo el lema ‘Justicia: para un final con vencedores y vencidos’ recorrió el domingo las calles de Madrid no fue un jubileo de las víctimas de ETA. La integraron cien mil verdugos fieles al genocidio franquista, los hijos de los que habían conseguido el poder matando a más de un millón de seres humanos. Eran los vencedores de la contienda civil convertidos ahora en explotadores de los vencidos. Los que desfilaron por Madrid no fueron las víctimas de los que defendieron la República, un régimen democrático legalmente establecido que Franco y sus tropas rebeldes derrocaron a tiro limpio, sino los otros. Todavía el PP mantiene, a trancas y barrancas, un poder fáctico apuntalado por los fascismos: la banca, la oligarquía, el Ejército, los intereses plutocráticos, la Iglesia y los medios de comunicación del régimen.
La manifestación acreditó, una vez más, la división del pueblo entre víctimas y verdugos. Porque para el partido del Gobierno los mártires del franquismo no existen. Continúan siendo invisibles.
