La exhibición de fuerza mostrada el miércoles en Salt (Girona) por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha servido a sus activistas para reclamar una reunión urgente con la Generalitat y la Sareb para negociar el alquiler social de pisos vacíos para gente que se ha quedado sin techo.
Además de la movilización de 800 personas venidas de toda España para parar el desahucio de las 16 familias que viven en el bloque ocupado de Salt, la PAH cuenta con la resolución del Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo que para temporalmente la orden judicial de desahucio. Una medida cautelar que, según los activistas, supone un «toque de atención» a las administraciones españolas y «exige un cambio radical en la política de la Sareb».
Estrasburgo da hasta el 24 de octubre para que el Gobierno de España exponga cuáles son las medidas que las autoridades locales pretenden implementar para prevenir la vulneración de los artículos que defienden el derecho a un domicilio recogidos en la Convención Europea de DDHH.
La PAH exige a las autoridades que la reconozcan como interlocutor para una «reunión urgente» a tres bandas, junto con las administraciones competentes y el banco, y solucionar el problema. Para la Plataforma la solución pasa por regularizar la situación de los 43 inquilinos, la mitad menores, del bloque de Salt a través de un alquiler social.
