El Tribunal de Cuentas aprobó en 2011 un informe que destapaba «irregularidades» en la gestión de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género durante los años 2008 y 2009, cuando Bibiana Aído era ministra de Igualdad. Este informe, hasta hoy pendiente de debate en el Parlamento, hizo abrir unas diligencias de investigación que se han archivado.
El Tribunal de Cuentas detectó que en 2008 los órganos de contratación de la Delegación de Violencia de Género «no utilizaron, como regla general, el procedimiento abierto como procedimiento de adjudicación», a pesar de que la Ley de Contratos lo fija como el establecido.
Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal, ha aprovechado la presentación en la Cámara del informe fiscalitzador para explicar que se han archivado las diligencias de investigación abiertas a raíz de su elaboración.
Ante las críticas del bando socialista por un supuesto uso político del documento, Álvarez de Miranda ha argumentado que «el informe desarrolla irregularidades de la contratación a la hora de formalizar los expedientes».
El informe apunta a dos expedientes por un importe de 5,5 millones que fueron adjudicados de forma directa a la misma empresa alegando razones de urgencia. Según el presidente del Tribunal, esto pudo comportar «falta de transparencia».
