Este octubre, la Consejería de Bienestar Social y Familia se había comprometido a volver a pagar los programas individuales de atención (PIA), pero el último día de septiembre ha anunciado que suspende indefinidamente esta partida, de modo que deja tirados, literalmente, a muchos usuarios y centros. De esta forma incumple su promesa del mes de julio en la que señalaba que la suspensión del pago sólo afectaría dos meses, agosto y septiembre. Ello supone que las personas mayores dependientes que necesitan una plaza en una residencia y que están en lista de espera verán como el proceso para conseguir una plaza se alarga cada vez más.
Dramas humanos
Iñaki Antón, vicepresidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD), alerta de que «hay una parte significativa de personas que fallecen mientras esperan una plaza en un centro residencial, porque son personas muy frágiles. Aumenta el riesgo de muerte y de mala atención». En este sentido, José Serrano, vicepresidente de la Federación de Entidades de Asistencia a la Tercera Edad sin ánimo de lucro (FEATE), añade que también hay personas mayores que, ante la promesa de recibir pronto la ayuda, coge un plaza privada con sus ahorros en un centro a la espera de que llegue la subvención, y el problema para estas personas puede convertirse en un drama cuando se agoten sus recursos y «tengan que abandonar la plaza o endeudarse con la residencia».
La Generalitat argumenta que la ley establece que se debe repartir el coste con el Gobierno central, pero que ahora mismo está pagando el 80% del coste de las plazas. Desde la patronal Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR) denuncian que el Departamento de Bienestar Social y Familia no publica los datos para corroborarlo, pero que en el mes de mayo del año pasado no pagó a los centros porque, según les dijeron, no habían recibido el dinero de Madrid, cuando tienen constancia de que sí lo recibieron, pero que lo destinaron a otras cosas. Antón insiste en que si el usuario aporta su pensión para financiar la plaza, esto ya representa más de un 20%, por lo que el porcentaje destinado por la Generalitat no puede llegar al 80%, habida cuenta que también recibe dinero del Estado.
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