Lo predije en estas mismas páginas hace apenas un mes. Los próximos jueces que iban a ser liquidados por el Sistema, dije entonces, serían José Castro, instructor del caso Urdargarin, y Mercedes Alaya, la jueza que tramita los ERES fraudulentos de Andalucía. Manifestaba en aquel artículo que admiraba el valor y la constancia de José Castro, a quien el ejecutivo le impedía con espurias maniobras citar a declarar como imputada a la infanta Cristina de Borbón. Y con respecto a la magistrada de Sevilla, escribí que me asombraba su dedicación y su empeño en llegar hasta el final de los entresijos de aquella gran estafa. Citaba casos anteriores de jueces como Garzón o Elpidio Silva, que intentaron instruir con independencia casos de políticos corruptos, banqueros depravados o chorizos de cuello blanco sin conseguir que fuesen condenados por las Audiencias respectivas y a quienes califiqué de víctimas propiciatorias del Sistema. En la misma crónica aclaré que a veces era el propio Consejo General del Poder Judicial quien les imponía fuertes sanciones que el Supremo confirmaba para suspenderles de sus funciones, y que en otras era el Ministerio Fiscal el que se querellaba contra ellos por prevaricación. ¿Las causas? Encarcelar preventivamente a banqueros como Miguel Blesa o intentar inculpar a uno de la lista de los intocables.
No son casos aislados. El sistema protege a sus corruptos sean del color que sean, un principio que demuestra la existencia de un ‘toma y daca’ que no logró romper Maragall en el Parlament de Catalunya cuando denunció a CiU y a su famoso tres por ciento. Constituye también –y eso es más importante- una prueba irrefutable de la dependencia de la justicia frente al ejecutivo. Al sistema le interesa como oro en paño que esa subordinación –la que permite a los corruptos andar por sus propios fueros en un país autocrático cuyos gobernantes califican de democrático- permanezca inviolable merced a la mayoría absoluta del PP. Aunque lo más grave es que su única alternativa de solución, hoy por hoy, sea aún ilusoria. Para que exista una democracia auténtica es del todo necesario que se produzca un cambio del sistema de funcionalidad de la justicia, una profunda reforma basada en la independencia radical de los jueces, en la unificación de criterios de actuación mediante la reforma de la Constitución y en la promulgación de una ley que la desarrolle.
Por ello es preciso que la magistratura no dependa de partidos, ni de sindicatos, ni de las asociaciones profesionales como las ahora existentes. Todas deben desaparecer. Se impone una reforma de las estructuras del CGPJ (a mil años luz de la que propone Gallardón) que tendría que ir pareja con el cambio de mentalidad de sus miembros, una ambición casi imposible. Sin embargo como esta reforma nunca será del agrado de los Rajoys o Aznares de turno -en el Parlamento y en la vida, estos personajes no solo representan a la derecha más contumaz, sino que defienden a sangre y fuego el inmovilismo rapaz de los fascismos-, no se realizará mientras permanezcan en el poder. Para aferrarse a su poltrona anhelan que el sistema judicial continúe siendo tan achacoso y asmático como es ahora y pugnan para que sus miembros sigan dependiendo de ellos.
De los 900 jueces y magistrados de todo el Estado que investigan a los 1.661 políticos corruptos hasta ahora inculpados quedan escasas víctimas propiciatorias: Pablo Ruz, que sigue investigando el ‘caso Gürtel’ con pasos lentos aunque inequívocos enfrentándose al ejecutivo de Rajoy para acreditar la veracidad de los papeles de Bárcenas, y algunos pocos más como Fernando Andreu, Javier Gómez Bermúdez, Josep María Pijoan, Mari Paz Benito, Santiago Pedráz, Teresa Palacios o Ismael Moreno. Los otros, por prudencia o miedo, anteponen la lentitud y la rutina a la eficacia en aras a vivir tranquilos.
Para poner en práctica el vasallaje de los jueces a los políticos se utilizan muchos medios. El peor de todos es la actuación antinatural de los fiscales cuando recurren decisiones judiciales en perjuicio de las partes acusadoras o formulan denuncias por prevaricación contra los togados. Esta nueva corruptela que se inició contra un auto del juez Castro citando a declarar como imputada a la hija del Rey, prosiguió con una querella por prevaricación contra su colega Silva por haber ordenado la prisión preventiva del superbanquero Miguel Blesa y otra resolución motivada que declaraba imputados a Chaves y Griñan dictado por la juez Alaya. A todo ello debemos añadir un suplicatorio del Fiscal de Palma al Tribunal Superior de aquella comunidad pidiendo que la causa conocida como ‘caso Noos’ pasara a la competencia del más alto tribunal valenciano. La excusa procesal es el inminente procesamiento de los aforados Francisco Camps y Rita Barberá aunque el motivo real es entorpecer la investigación de la infanta Cristina de un delito continuado de fraude fiscal que está llevando a cabo el juez Castro y traspasar la controversia a una Sala mucho más benigna.
El último método para desprestigiarle y lograr que la superioridad lo apartara de la instrucción del sumario, ha franqueado la frontera del esperpento. Una vez más la miseria del pueblo español, la gran miseria moral, vuelve a aparecer, esta vez en la isla de la calma, con su chabacana y ridícula sensibilidad para combatir la lucha contra la corrupción. El periódico monárquico ABC publicó en primera página una serie de fotografías del juez sentado en una terraza a plena luz y a pecho descubierto con Virginia López, una de las abogadas de la acusación, un hecho normal entre togados. Las instantáneas fueron tomadas por un misterioso personaje –léase CSID, Casa Real, Urdangarin, PP, o el listillo de turno- a sueldo de los creativos de la campaña. Con anterioridad a la publicación de las fotos en ABC, le habían pinchado las ruedas del coche, puesto silicona en la cerradura y colocado excrementos en el portal de su casa. El fiscal Pedro Horrach, también había sido víctima de amenazas por medio de anónimos dirigidos contra él y su mujer. El CSPJ ha tomado cartas en el asunto, esta vez a favor de la independencia de la justicia y ha ordenado al ministro del Interior investigar los hechos.
Quisiera abandonar en la cuneta una España que, como reveló Valle Inclán en su día, no es más que una deformación grotesca de la civilización europea… Son palabras del inventor del esperpento, un invento que atribuyó a Goya, y que definió así: ‘los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos descubren el Esperpento, el sentido trágico de la vida española que solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo se convierten absurdas.’ Tal vez sea ésta una de las razones por las que el pueblo catalán quiere abandonar esta España de charanga u pandereta devota de Frascuelo y de María, para ser independiente y vivir en libertad.
