Ayuno de 48 horas para reclamar una renta ciudadana mínima

Movilización ciudatana en Plaza Catalunya para llegar a las 50.000 firmas para que todo el mundo tenga ingresos con los que subsistir
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Desde las cinco de la tarde de este viernes y hasta las cinco de la tarde del domingo, la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada Ciudadana convoca a la ciudadanía a un ayuno participativo que, bajo el lema «Rescatamos a las personas», pretende impulsar la recogida de firmas para este ingreso básico para todos aquellos que lo necesiten. El ayuno y las actividades que lo acompañarán se harán en la plaza Catalunya de Barcelona y cuentan, también, con el apoyo de los sindicados Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), Sindicado de Comisiones de Base (COBAS) e Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC).

 

Los promotores de la ILP por la Renta Garantitzada Ciudadana cerrarán la recogida de firmas el próximo 11 de octubre. Necesitan un mínimo de 50.000 firmas. Desde que se empezaron a recaudar se han obtenido unas 40.000. Queda, por lo tanto, un mes para superar el umbral que permitirá que esta iniciativa pueda ser debatida en el Parlament de Catalunya.
La campaña, que nació como respuesta a la decisión del Gobierno de la Generalitat de limitar el número de personas que tenían acceso a la Renta Mínima de Inserción, ahora hace dos veranos, quiere combatir la pobreza y la exclusión y reclama que ningún ciudadano cuente con unos ingresos inferiores a 664 euros mensuales. Si se aceptara esta propuesta tal y como la han redactado los impulsores de la campaña tendrían acceso todas las personas mayores de 18 años, o menores emancipados, que vivan legalmente en Catalunya o tengan una residencia continuada durante un mínimo de un año y que, en los cuatro meses anteriores a la recepción de la ayuda, hubieran ingresado menos de 664 euros cada mes.

Diosdado Toledano, portavoz de la Comisión Promotora de la ILP, considera que esta Renta Garantizada Ciudadana es «un derecho universal de todos los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya, que no está condicionada a disponibilidades presupuestarias ni a la obligación de participar en acciones de inserción social y laboral». Toledano señala que los estudios de los expertos que colaboran con la campaña sitúan en unos 2.000 millones de euros el coste de esta Renta Garantizada, lo cual representa un 5% o 6% del presupuesto de la Generalitat. Además, destaca que no sólo es una cantidad asumible por la administración catalana sino que le generaría más ingresos por el mayor gasto de los beneficiarios.

A lo largo de estos tres días, en la plaza de Catalunya se han preparado siete debates sobre «Pobreza y desigualdad, algunos de sus rostros», «Trabajar menos para trabajar todo el mundo», «Inmigración y pobreza» , «Medidas de urgencia social: Derecho al suministro de agua, electricidad y gas», «Cooperativismo y economía solidaria», «Derecho a la vivienda» y «Participación ciudadana». Entre los invitats a las charlas están el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, el arzobispo emérito de Perú, Joan Gabayol, la ex concejala del Ayuntamiento de Barcelona, Itziar González, el promotor del «Proceso Constituyente» Arcadi Oliveras y representantes de los sindicatos, movimientos de parados, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o defensores de los derechos de los inmigrantes.

Para demostrar la gravedad y urgencia que esta Renta entre en vigor cuanto antes mejor, Diosdado Toledano calcula que en España ha habido miles de personas que han muerto de forma prematura por haberse quedado sin suministros básicos en sus domicilios. La ILP cuenta con el apoyo del PSC, ICV, ERC y las CUP. 36 ayuntamientos han aprobado mociones de apoyo, incluidos los de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona.

Si la ILP consigue las firmas suficientes se entregarían antes del 28 de octubre al Instituto de Estadística de Catalunya y Toledano confía que se discuta en la primavera del año que viene y que se mejore su redactado. «No permitiremos, eso sí, que se recorte. Si rechazan nuestro proyecto de ley, se deslegitimarán y actuaremos en consecuencia», advierte: «Estamos en una situación de urgencia social en la cual no nos podemos permitir que los derechos fundamentales más básicos sean vulnerados».

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