El Tribunal Supremo ha abierto este martes juicio oral contra el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) José Joaquín Ortiz Blasco, al que investigaba desde octubre de 2012 por haber supuestamente mantenido relaciones prohibidas con empresarios imputados en la trama de las inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), en la que está imputado el diputado de CDC Oriol Pujol.
El Supremo se hizo cargo del caso después de que un juzgado de Barcelona lo solicitara al haber indicios de que dos empresarios imputados en la trama, Ricard Puignou y Enric Marugán, negociaron y fueron asesorados por el juez Ortiz Blasco, que es aforado al ser miembro del TSJC, lo que impide que ningún tribunal que no sea el Supremo pueda investigarlo.
El alto tribunal considera los hechos constitutivos de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de abuso en el ejercicio de sus funciones. Su auto concluye que el juez Ortiz asesoró a la empresa concesionaria de ITV Certio y a la Generalitat sobre asuntos a resolver en su juzgado, con el objetivo de beneficiar a los intereses mercantiles de la compañía y «preservar el statu quo de la adjudicación de estaciones de ITV».
Certio dispone actualmente de estaciones de ITV en Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Santa Perpètua de la Mogoda, Viladecavalls, Berga, Seo de Urgell, Solsona y Manresa.
