Cospedal se cobija

La secretaria general del PP dice que Bárcenas controlaba las donaciones y que Rajoy y Arenas pactaron la salida del extesorero
Cospedal
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Cómo ya hicieron Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha responsabilizado a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta del control de las donaciones al PP. En su declaración de dos horas y media ante el juez Pablo Ruz, Cospedal ha negado una contabilidad B dentro de su partido y los cobros en negro que habría recibido según reflejan los ‘papeles’ de Bárcenas.

 

En el registro del extesorero Bárcenas figura que tanto Cospedal como el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cobraron 95.000 euros en billetes de 500 entre 2009 y 2010. La secretaria general del PP ha negado la existencia de estos sobresueldos, en la misma línea que Cascos y Arenas, y ha afirmado que la primera vez que vio este registro fue publicado en la prensa.

 

Cospedal, que no mantenía relación personal con Bárcenas, ha reiterado que no controlaba las cuentas del partido ni los autores de las donaciones, puesto que no le correspondía por su cargo de secretaria general. También ha considerado extraño que existiera un registro con los DNI de los donantes pero en cualquier caso ha indicado que este control corresponde al tesorero.

 

La secretaría general popular ha responsabilizado a Rajoy y Arenas del acuerdo sobre las condiciones de salida de Bárcenas del partido. Cospedal ha afirmado que el finiquito del extesorero estuvo pactada en una reunión en la sede del partido en marzo del 2012 con quien en aquel momento eran el presidente del partido y el secretario general.

 

Cospedal no ha sido interrogada por el presunto pago de 200.000 euros del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, al PP de Castilla-La Mancha, después de obtener la adjudicación de una contrata de limpieza en el Ayuntamiento de Toledo a través de Sufi, una filial de la empresa. El juez Ruz ha considerado que, como la causa afecta a aforados, las cuestiones se tendrían que responder ante una jurisdicción diferente de la Audiencia Nacional.

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