«Si se tiene que recortar algo es en corrupción»

Uno de los colectivos que más se está movilizando en protesta por los recortes es el de la sanidad pública. Un sector que también ha sufrido presuntos casos de corrupción y de malversación de fondos públicos que están siendo investigados por la justicia. Para analizar como se ve esta situación EL TRIANGLE ha entrevistado al secretario general de Metges de Catalunya, el sindicato mayoritario en la sanidad catalana.
Francesc Duch
Francesc Duch

¿Con el déficit impuesto en Catalunya teméis que el Govern de la Generalitat aplique todavía más recortes sanitarios?
Tememos que los aplique, pero pensamos que no tendría que hacerlo. La situación de la sanidad catalana ya es muy complicada como para añadir algun recorte adicional. Si se tiene que recortar algo es en corrupción. El único lugar donde hay margen para los recortes es en el ámbito de la corrupción y en el ámbito de la hipertrofia administrativa y en la estructura pesada que tiene la sanidad catalana.

 

¿El gobierno de CiU está privatizando la sanidad pública?

No pienso que el principal problema sea que el gobierno catalán quiera privatizar, a diferencia otras comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular y esta tendencia es clarísima. Aquí sólo hemos tenido la introducción de una empresa de productos de limpieza y vigilancia en el Centro de Atención Primaria (CAP) de l’Escala (Alt Empordà), y esto después se ha reconducido, y no hay más antecedentes al respecto. Lo que sí pasa es que la estructura actual es muy pesada. El Tribunal de Cuentas hizo un estudio el 24 de marzo de 2011, que era un informe de fiscalización, que exponía que el 56,3% del gasto consolidado de los presupuestos de la Generalitat se gestionaba mediante 61 empresas públicas. Esto es kafkiano. En el mundo de la sanidad hay 7 empresas públicas y todas ellas hacen lo mismo que el Instituto Catalán de la Salud (ICS). Entendemos que tendría que haber una única empresa pública y no este puñado de empresas que hacen lo mismo en varios lugares. Todo esto tendría que simplificarse.

 

¿Esta magnitud de empresas públicas sirve para colocar a personas ‘amigas’ del gobierno de turno?

Esto responde a dos cosas. Una se debe a esto, ciertamente, porque el mundo de la sanidad, teniendo en cuenta que es la partida mas grande de la Generalitat, es un buen lugar para colocar gente desde el mundo de la gestión, pero también porque se ha creado desde la Generalitat estas 61 empresas públicas. Se han creado más de 1.100 empresas de cariz municipal para rehuir de los controles de lo que es el derecho administrativo, que es un derecho muy controlado y vigilado, y para ganar dinero a través del derecho mercantil y del derecho civil. Esto ha relajado mucho el tema de los controles y nos ha traído las consecuencias que todos conocemos.

 

¿La comisión de investigación sobre el ámbito sanitario ha servido por algo?

Nosotros no teníamos demasiado esperanza de que se aclarara gran cosa. Por la propia historia del Parlament las comisiones de investigación no han aclarado nunca grande cosa. La esperanza la tenemos depositada en los tribunales, pero esto es un tema muy lento. La dificultad que tenemos es que es un tema extraordinariamente lento y tendremos que esperar.

 

Nombres como los de Josep Prat, Ramon Bagó y Carles Munté, entre otros, ¿son perjudiciales para la sanidad y para el colectivo sanitario?

Nosotros no nos queremos manifestar hasta que no haya una sentencia firme al respeto en cuanto a nombres concretos. Ahora bien, sí que queremos denunciar que hay una estructura muy compleja hecho durante el último cuarto de siglo que posibilita que haya estas historias. De la comisión de investigación del ámbito sanitario sí que ha salido una cosa positiva, que si se acaba materializando será un adelanto, como es el compromiso de hacer público los sueldos de los cargos y asesores de empresas públicas y consorcios. Si esto es cierto, que cuesta un poco de creer que lo sea, será un gran adelanto. Cómo lo será que se instaure un reglamento de comportamiento ético de contrataciones de altos cargos, tal como se ha comprometido el conseller Boi Ruiz, para evitar que salgan de la Administración pública para entrar a la empresa privada sin un tiempo prudencial para evitar una incompatibilidad.

 

Cómo definirías la situación del Hospital Sant Pau, que tiene déficit a la fundación de la gestión y grandes beneficios en la Fundación del Patrimonio.

Esta situación nace de lo mismo, de la voluntad de intentar salvaguardar el patrimonio que tiene el Sant Pau, que son aportaciones que ha hecho la gente en agradecimiento a la asistencia que ha recibido. A lo largo de los años ha llegado a acumular un patrimonio extraordinario, y la manera de salvaguardarlo de posibles deudas que tenga contraído el Hospital de Sant Pau es diferenciando la entidad de gestión -que es la que tiene las deudas y asume la responsabilidad de hacer frente a los gastos-, mientras la patrimonial sólo gestiona el propio patrimonio. Quizás en sus inicios la intención era buena, pero en el contexto actual hace que tenga que estar muy vigilado todo esto. Son situaciones que el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas del 2011 ya lo criticaba. Esto se intentó corregir con el decreto ley del 2010 del conseller Antoni Castells, pero que no se llegó a aplicar nunca. Entendemos que se tiene que corregir ya. No se pueden hacer nuevos recortes sin abordar el derroche que representa esta superestructura tan hipertrofiada y que consume tantos recursos que tendrían que ir a parar a la asistencia sanitaria.

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