Artur Mas comparece este miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament para dar explicaciones sobre las acusaciones del juez que instruye el caso del saqueo del Palau de la Música, por el cual mantiene embargada la sede central de Convergencia i Unió de la calle Córcega. Pero vistos los precedentes de los altos cargos de CiU que han acudido al Palacio de la Ciutadella a responder por el mismo caso no se puede esperar que el presidente catalán ofrezca más respuestas que negar las acusaciones.
Hace tres años, el 5 de julio de 2010, los máximos responsables de la Fundación CatDem, antes conocida como Fundación Trias Fargas, comparecieron ante la Comisión de Investigación sobre las irregularidades detectadas en la gestión del Palau de la Música. Antoni Vives, actual concejal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona i director de la Fundación convergente entre 2004 y 2007, defendió la «absoluta legalidad» de los convenios firmados con el Palau de la Música.
Vives no aceptó ninguna de las acusaciones y aseguró que «todo se hizo como se tenía que hacer», aunque reconoció que no sabía de dónde salía el dinero que financiaba la Fundación. En ese sentido, achacó la falta de memorias que recogieran las actividades organizadas con el dinero obtenido del Palau de la Música mediante convenios a que como no se trataba de dinero público no hacía falta.
En la misma línea respondió su sucesor en el cargo, el historiador Agustí Colomines, quien aseguró que si hubiera tenido conocimiento de alguna operación ilegal hubiera dimitido de su cargo.
