El Govern se enroca con Acciona

El Gobierno de Artur Mas 'pasa' de la decisión del TSJC sobre la nulidad de la adjudicación de ATLL y recurrirá al Tribunal Supremo para llegar hasta el final con Acciona
Francesc Homs
Francesc Homs

El Govern tiene una patata caliente en sus manos. La nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en que ratifica la nulidad de la adjudicación de la privatizada Aigües Ter Llobregat (ATLL) a la empresa Acciona pone en una situación comprometida al ejecutivo de Artur Mas. Un Gobierno que sigue enrocado en llegar hasta el final para adjudicar ATLL a Acciona y recurrirá al Tribunal Supremo (TS).

 

El conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, sin decirlo abiertamente, ha dejado bien claro que el ejecutivo llevará la sentencia del TSJC al Supremo. La Generalitat tiene tiempo hasta el 3 de septiembre para presentar un recurso, pero Homs ya ha apuntado que la decisión se tomará mucho antes. De hecho, ha señalado que la decisión «se materializará en los próximos días», añadiendo que no se requiere de un acuerdo específico del Govern, y ha dado por hecho que el paso que harán causará polémica entre la oposición.

 

Francesc Homs ha defendido el acuerdo tomado en su momento de elegir la oferta de la empresa Acciona, presidida por José Manuel Entrecanales, afirmando que lo hacen «en defensa de los intereses de la Generalitat». En esta línea, el portavoz del Govern ha dicho que si no hubieran actuado así con la privatización de ATLL el presupuesto del año pasado «no se hubiera cerrado».

 

Cuestionado sobre el hecho de que sigan adelante con la adjudicación a Acciona, con sede en la capital española, el portavoz Homs ha dicho que el Govern no toma este tipo de decisiones «en función de donde tiene la sede la compañía», apuntando que no pueden discriminar a una empresa en un concurso público por el hecho de que la sede se encuentre en «Madrid o en Londres», y ha descartado anular el contrato con la compañía de Entrecanales.

 

Una operación de privatización acordada por el gobierno que preside Artur Mas que supuso unos ingresos de 1.300 millones de euros en las malogradas arcas de la Generalitat. De esta cantidad, 300 millones de euros se ingresaron directamente y el resto se abonarán de forma diferida durante 50 años. Esto si, se compatibilizaron a finales de 2012 para poder reducir el déficit.

 

La privatización de la entonces pública Aigües Ter Llobregat es un contencioso que trae cola. La catalana Agbar, la otra compañía interesada en ATLL, presentó un recurso al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC) -que depende de la Generalitat- y este organismo revocó la adjudicación a Acciona. Posteriormente, el TSJC corroboró esta decisión a través de dos sentencias.

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