La estación de metro de la Rambla Just Oliveras de Hospitalet de Llobregat es la punta del iceberg de la batalla que las fuerzas políticas catalanas mantienen por conseguir un pedazo electoral que, tratándose de la segunda ciudad más poblada de Catalunya, supone un premio suculento para cualquier partido.
El veterano dirigente socialista, Celestino Corbacho, exalcalde del municipio y expresidente de la Diputación de Barcelona, ha preguntado este miércoles, aprovechando la sesión de control al Govern, al conseller de Territorio por la moción aprobada en 2011 por el Ayuntamiento del Hospitalet para adaptar la estación de metro a personas con movilidad reducida.
«Usted se puede comprometer hoy a que la primera partida que colocará usted en su consejería será la adaptación de esta estación?», ha dicho Corbacho.
El grupo socialista ha copiado la pregunta que hace quince días, en la penúltima sesión de control al Govern, el grupo de CiU hizo al conseller de Territorio, Santi Vila. Entonces, la diputada convergente de Hospitalet, Meritxell Borràs, hizo exactamente la misma pregunta sobre los plazos para terminar los accesos a la estación, pero con una contextualización azucarada con referencias como «a pesar de las dificultades económicas».
El Govern, de boca del consejero Vila, se ha referido con ironía a las explicaciones «no bastante claras» que hizo en el pleno anterior, y ha repetido que aprobará este verano el proyecto e iniciará la licitación en el segundo semestre del año. Vila se ha comprometido ha terminar la adaptación de la parada de metro en 2014.
A las pugnas socio-convergentes se añaden los grupos soberanistas favorables al ejercicio del derecho a decidir. Con el objetivo de desteñir el principal núcleo del llamado Cinturón Rojo catalán, este jueves, más de una veintena de entidades sociales y políticas (CiU, ERC, ICV y CUP) firman el acuerdo que lleva el enunciado: «Pacto democrático del Hospitalet por el derecho a decidir: somos una nación, nosotros decidimos».
El PSC se ha desdicho y ha decidido quedar fuera del pacto. Los socialistas, liderados por la alcaldesa Núria Marín, comparten el objetivo del PP y Plataforma por Catalunya de «boicotear» cualquier consulta que no tenga el aval del Estado.
