La presidenta del PP de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, está siguiendo una estrategia judicial en el caso del espionaje político de Método 3 que crea confusión por las diferentes decisiones que ha tomado. Un camino por los tribunales lleno de anuncios contradictorios y que han generado críticas entre la opinión pública y los partidos políticos.
Camacho denuncia a Método 3
El primer paso de la dirigente del PP fue presentar una demanda civil contra la agencia de detectives Método 3 después de que se conociera la grabación de la conversación entre Camacho y la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Maria Victoria Álvarez, en una comida celebrada en el restaurante La Camarga el 7 de julio de 2010.
Acuerdo con Método 3
El pasado 19 de junio se conoció la decisión del pacto entre Sánchez-Camacho y Método 3 para retirar la denuncia contra los espías. El abogado de la líder del PP catalán, Carlos Rey, presentó dos escritos en los juzgados de Barcelona, uno de penal y otro de civil, anunciando la retirada de los dos procesos para investigar la grabación de La Camarga.
Una marcha atrás en la denuncia fruto del acuerdo cerrado entre Camacho y la agencia de detectives dirigida por Francisco Marco. El acuerdo establece que Marco indemnizará con 80.000 euros a la presidenta del PPC, y a Victoria Álvarez con 50.000 euros. El pacto también establecía que la empresa Método 3 «extremará las medidas de seguridad para evitar la difusión de la grabación ilegítima», y a cambio las espiadas «conceden el perdón tanto civil como penal a la sociedad y a su personal».
Fiscalía pide seguir investigando
Pese a la retirada de la demanda, la fiscalía de Barcelona pidió a principios de julio que el juez de instrucción siga con la investigación penal por el caso Método 3. A través de un comunicado, la fiscalía explicó que los dos fiscales del caso, Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo, han recibido el apoyo del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Los dos fiscales remitieron al titular del juzgado de instrucción un informe para pedir que prosiguiese la investigación. Un informe que Torres-Dulce consideró «ajustado al derecho».
Ayer el juzgado de instrucción número 14, que dirige provisionalmente la magistrada Elisabet Castelló, decidió no archivar la causa y seguir investigando la grabación de la comida en La Camarga. La jueza considera que el acuerdo entre Sánchez-Camacho y Método 3 no extingue «la acción penal». La magistrada seguirá con sus indagaciones para averiguar quién encargó la grabación. De momento la Fiscalía es la única acusación presentada en la causa.
Camacho rectifica
El último paso dado por la líder del PPC es la presentación de un recurso de reforma ante el juzgado de instrucción solicitando seguir personada en la causa penal. Con este recurso los abogados de Camacho pretenden que la magistrada se replantee la providencia hecha pública ayer en que da por «desistidas» las acusaciones particulares de la dirigente popular y de Victoria Álvarez, después del acuerdo cerrado con Método 3.
El abogado de Camacho también ha presentado una ampliación de la denuncia penal por lo que considera «un incumplimiento flagrante del secreto de sumario» por la difusión de la grabación y una demanda civil porque considera, según su criterio, que EL TRIANGLE ha vulnerado la medida cautelar que prohibía difundir la cinta.
