Martín Pallín, juez emérito del Tribunal Supremo, ha censurado en declaraciones a la Cadena SER el trabajo de la magistrada que instruye el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, porque la Constitución señala que los imputados han de saber a qué cargos se enfrentan para que se garantice su derecho a la defensa, si de prevaricación o malversación de fondos. De esta manera, que los 20 nuevos acusados, entre los que se encuentra la exministra socialista Magdalena Álvarez, no conozcan por qué se les juzgará, podría suponer el archivo de la causa.
Pese a que el juez del Supremo considera que Alaya está investigando «muy bien» el fraude, señala que la magistrada «se ha metido en un charco de invasión de competencias muy peligroso», porque ninguno de los dos delitos que podrían imputarse, prevaricación o malversación, difícilmente podrían prosperar.
Por otro lado, también ha criticado que la magistrada extienda las imputaciones sólo a las personas relacionadas con los ERE falsos que no son aforados, de manera que mantiene las competencias sobre el caso, pero deja fuera a posibles responsables, como el diputado en el Congreso José Antonio Vieira, a quien la Guardia Civil atribuye un papel esencial en la trama.
