Peligran los servicios de los Ayuntamientos por el ahogo del Govern

La Generalitat debe 526 millones al mundo local
Ajuntament de Sant Pol
Ajuntament de Sant Pol

La carencia de recursos de ayuntamientos y consejos comarcales, en buena parte debido a haber tenido que asumir competencias que no les son propias, se agrava por la deuda contraída por la Generalitat, que según ha hecho público este miércoles la vicepresidenta Joana Ortega, sube hasta los 526 millones de euros.

A pesar de que, según la número dos del Gobierno, la deuda «varía constantemente» y la «tendencia ha sido la de irlo reduciendo», el Partido Popular calcula que la cifra dada por Ortega es irreal, porque faltan 168 millones que la Generalitat debe a la Diputación de Barcelona.

El diputado popular, Pere Calbó, ha contradicho con cifras la «tendencia» expuesta por la vicepresidenta. Ha situado la deuda en 184 millones en 2011 y en 512 millones, en marzo de este 2013. «Este ha sido el compromiso de Mas con el mundo local», ha dicho.

El Gobierno replica los bandazos populares con la carencia de lealtad institucional del Gobierno español con la Generalitat. Si Madrid pagara el montante acordado y firmado por las dos partes, resultante de la disposición adicional tercera del Estatuto, correspondiente a la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras del 2008, se liquidaría la deuda del gobierno catalán con el mundo local.

Pero mientras unos y otros se traspasan la responsabilidad y se acusan de deslealtad, la realidad es que este verano, según ha apuntado un portavoz socialista, hay miles de niños que no tienen garantizadas las tres comidas diarias porque el Gobierno no puede abastecer a los centros de verano que se hacen cargo. Y son las entidades privadas las que asumen los costes. Cruz Roja anunciaba esta semana que alimentará más niños y niñas sin recursos (1.000) que el gobierno (700) en estos próximos meses.

Las consecuencias de los impagos también se hacen notar, de manera más indirecta, en los consejos comarcales. La semana pasada, los consejos del Pallars Jussà y de la Noguera anunciaban que dejan de asumir su parte de gasto en el Consorcio de Normalización Lingüística. Un hecho que supone la desaparición de los servicios de integración y aprendizaje del Consorcio en territorio.

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