A pesar de que Artur Mas insiste que sólo son «puras suposiciones», la Justicia ha confirmado ua vez más los indicios sobre la presunta financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a través del Palau de la Música. Este miércoles, la Audiencia de Barcelona ha rechazado el recurso de CDC y ha confirmado la fianza de 3,3 millones impuesta por el juez que instruye la causa, que el partido ya pagó hace un año al presentar como aval la escritura de su sede central de la calle Córcega de Barcelona.
La Audiencia ha ratificado así la decisión del magistrado Josep Maria Pijuan que, en la línea de la Fiscalía Anticorrupción, considera que el expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, entregaron presuntamente, entre el 2002 y el 2008, importantes sumas de dinero a los extesoreros de CDC, Carles Torrent y Daniel Osácar.
El tribunal también ve indicios de un segundo flujo ilegal de dinero directamente a través de la constructora Ferrovial, a cambio de la adjudicación de obra pública.
La resolución del alto tribunal catalán coincide con el informe presentado hace dos semanas por el fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, que sitúa las comisiones ilegales pagadas por Ferrovial a CDC en 6,6 millones.
Según la fiscalía, Millet y Montull actuaron como «torcidos intermediarios» para garantizar que el dinero de Ferrovial, que llegaba al Palau de la Música en forma de patrocinio simulado, llegará a Convergència «de forma opaca».
El presidente catalán tiene previsto comparecer en el Parlamento antes de que acabe julio para dar una respuesta al duro informe del fiscal contra su partido. «La palabra de la Fiscalía no es palabra de Dios», dijo en la cámara hace dos semanas. Está por ver si finalmente lo hará en el pleno o en una comisión de investigación, cómo han reclamado desde la oposición y algunas voces dentro del seno de CiU.
