Denuncian al presidente Fabra a Anticorrupción por contratos irregulares a asesores

Los contratados trabajaban en la sede local del PP de Castellón pero a sueldo del Ayuntamiento, según la denunciante Asociación contra la Corrupción
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Los casos de corrupción siguen marcando la agenda política valenciana a pesar de la doctrina de tolerancia cero que intenta imponer el ejecutivo presidido por Alberto Fabra. Asediado por los casos Gürtel, Nóos, Emarsa, Brugal y Cooperación, el presidente valenciano ha visto este jueves como la Asociación contra la Corrupción lo ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción por presunta prevaricación en la contratación de dos asesores en su etapa como alcalde de Castellón.

 

Cuatro días después de la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos del ex consejero Rafael Blasco, procesado por el ‘caso Cooperación’ por desviar fondos destinados al Tercer Mundo a operaciones inmobiliarias, la recientemente creada Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social ha acusado a Fabra y al actual alcalde del Ayuntamiento de Castellón, Alfonso Bataller, de malversación de caudales públicos y falsedad documental en la contratación en 2011 de dos asesores del grupo municipal.

 

El presidente de la Asociación contra la Corrupción, Enrique Soriano, ha explicado en una comparecencia conjunta con el sindicato Manos Limpias, con quien ha firmado un convenio de colaboración, que estos dos trabajadores a sueldo del Ayuntamiento de Castellón no trabajaban en el consistorio sino en la sede local del Partido Popular.

 

Desde el departamento de Presidencia de la Generalitat Valenciana han reaccionado afirmando que esta denuncia «es consecuencia de la política de tolerancia cero que lidera Alberto Fabra», mientras que en el PP valenciano están convencidos que la denuncia viene de dentro puesto que se refiere a cuestiones de funcionamiento interno.

 

Más sorprendente ha sido la escasa repercusión que ha tenido esta denuncia entre los partidos de la oposición a las Corts Valencianas. Algunas fuentes apuntan que el motivo sería que esta es una práctica bastante extendida en todas las formaciones políticas. De hecho, hace siete meses se supo que el secretario de Política Social del PSPV, Miguel Soler, cobraba un sueldo de las Corts a pesar de que trabajaba en la sede del partido.

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