La Generalitat vende su casa y se va de alquiler ruinoso

El ejecutivo convergente vende 13 edificios a AXA Real Estate por 172 millones de euros, entre los que hay las consejerías de Justicia, de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural y de Educación. Ahora, el Gobierno catalán las alquilará por 14,69 millones anuales y por un periodo máximo de 20 años
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El Gobierno de CiU ha anunciado este martes que ha vendido 13 edificios de propiedad pública a AXA Real Estate por 172 millones de euros, entre los que hay las consejerías de Justicia, de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural y de Educación [en la imagen], entre otros. Los problemas de liquidez del ejecutivo convergente lo han llevado a medidas desesperadas como vender patrimonio, a pesar de que no siempre le ha ido saliendo tan bien como esta vez.

La venta, que ha supuesto unos ingresos de 9,38 millones de euros más que el precio de salida, supondrá que muchos de estos inmuebles pasarán a ser de titularidad privada y que la Generalitat los arrendará para seguir utilizándolos, pero por un periodo máximo de 20 años. En concreto, son 14,69 millones de euros anuales que se tendrán que destinar al pago de los alquileres de once de los edificios, puesto que dos de ellos los utilizará la empresa compradora. Un cálculo rápido permite ver que 20 años de este alquiler sumarían más de 280 millones de euros, una cantidad muy superior a los 172 millones obtenidos.

La Generalitat ha vendido desde 2012 17 inmuebles por un valor total de 266 millones de euros y según ha anunciado en rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Francesc Homs, esta situación «responde a una situación de emergencia» ante la actual coyuntura económica.

Los 13 edificios
Los edificios vendidos suman cerca de 80.000 metros cuadrados de superficie sobre rasante y casi 30.000 bajo rasante, lo que convierte esta venta en la «mayor operación de inversión inmobiliaria de una cartera de edificios al mercado de oficinas de Barcelona», en palabras de Jones Long Lasalle, que ha asesorado a AXA. En concreto se trata de las dependencias de la consejería de Justicia y la sede de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, las dos en la calle Aragón; la Consejería de Educación, a la Vía Augusta, y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, en la Gran Vía. También figuran la consejería de Justicia, en la calle Pau Claris, y la sede del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), en la Vía Laietana.

Otros de los activos vendidos son la sede del Instituto Catalán de la Mujer, en la plaza Pere Coromines; la Subdirección General de Autorizaciones Iniciales de Ocupación, en la calle Puig y Xoriguer, y la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de los Servicios Territoriales de Empresa y Ocupación en Barcelona, en la calle Carrera, la Oficina de Ocupación de la Generalitat del Barrio Gótico de Barcelona, en la calle Doctor Joaquim Pou; la sede de la Dirección general de Política Lingüística, en el Portal de Santa Madrona; el Archivo Judicial Territorial de Barcelona, en la calle Roger de Flor, y la sede del Instituto Abierto de Cataluña, en la Avenida Paralelo.

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