No ha sido un año especialmente afortunado para el cuerpo de Mossos d’Esquadra, afectado por la sucesivas crisis internas que, inevitablemente, ha venido provocando el ‘procés’ indepentista y las guerras políticas que después hicieron estallar una pugna por el poder que ha dejado terribles secuelas mediáticas y un grave deterioro de su imagen de cara a la opinión pública.
El peor de los escenarios se dio cuando David Madí, ex-secretario de Comunicación de la Generalitat y antiguo “cerebro estratégico” de Convergència Democràtica, señaló la existencia de irregularidades, como la confección y filtración de informes policiales falsos, como los que le acusaban a él de haber actuado de intermediario en la financiación ilegal de Convergència.
También disparó contra el ex-jefe de la División de Investigación Criminal, Toni Rodríguez, acusándolo de prevaricar y actuar al margen de la ley. Resumiendo, Madí reveló que en en Catalunya existen una serie de funcionarios policiales, de ‘mini-Villarejos’ impunes, que utilizan el poder de forma despótica y actúan al margen de la Ley.
El Barça, que ha sido objeto de atención, control y actuación de la política catalana soberanista y de su “policía patriótica” estos últimos años de convulsión institucional, como aseguró Madí en sus declaraciones a RAC1, ha sido también otro juguete en manos de determinados sectores de la política y especialmente de altos e influyentes cargos del cuerpo de los Mossos a favor de un “nuevo orden” en el Camp Nou donde no estuviera Josep Maria Bartomeu y pudiera volver Joan Laporta.
La colaboración conjunta del propio Govern de la Generalitat y de los Mossos presionando a Bartomeu para que dimitiera en octubre de 2020 será, para siempre, uno de los episodios más vergonzosos de la historia de Catalunya, producto de una sed de venganza contra el presidente que en el referéndum por la independencia del 1 de octubre de 2017 no se sometió a la voluntad de Carles Puigdemont.
Hoy se sabe que, sin otros recursos ni alternativas con las que legitimar internacionalmente esa temeraria jornada de votación, los políticos necesitaban la imagen, credibilidad y resonancia del FC Barcelona en el mundo para proyectar un cierto foco de éxito y de solvencia.
Bartomeu, sin embargo, se negó a suspender el partido de Liga contra Las Palmas en el Camp Nou sin una orden escrita de Mossos d’Esquadra, una orden prometida por Puigdemont a Bartomeu repetidamente por teléfono que, sin embargo, nunca llegó a las oficinas del club.
Desde entonces, Josep Maria Bartomeu y el club sufrieron terribles actuaciones por su relación con el oficial de enlace con Mossos, le sometieron a un acoso y derribo desde el Palau de la Generalitat hasta forzar su dimisión y, una vez fuera del club, fue detenido y puesto ante la jueza por Mossos sin ninguna orden judicial y por un caso, el Barçagate, que seguía un proceso de instrucción. Fue llevado al calabozo y presentado ante la jueza esposado, acusado, presuntamente, por enviar varios tuits.
No teniendo suficiente con actuar sin mandato judicial ni causa justificada de alarma social, Mossos se ha prestado a determinados medios para ser usados como responsables de informes que situaban a Bartomeu al frente de una trama de compra de periodistas.
Sirva de precedente que como presidente hubo de denunciar ante la Guardia Civil la falsificación de avales en el proceso del voto de censura antes que acudir a Mossos d’Esquadra.
Abierto el camino y puesta la alfombra azulgrana para el regreso triunfal de Joan Laporta, pocos dudan de que todos estos favores y servicios prestados a la causa tienen que ver con los fichajes de hasta tres altos cargos de Mossos como presuntos responsables de la seguridad del club.
El primero en aterrizar y salir corriendo fue Ferran López, al que se le planteó que se acogiera a una excedencia de dos años porque el Barça le aseguraba mejores condiciones y una larga y confortable estancia en el Camp Nou. Sin embargo, Laporta y quienes le imponen desde la Plaça de Sant Jaume este tipo decisiones, tenían en realidad otros planes para Ferran López, que había supervisado desde del cuerpo la detención de Bartomeu en su día y que, una vez en el club, no mostró la tolerancia y colaboración debida a determinadas prácticas de la junta.
En su contra, le prepararon aquella emboscada conjunta con TV3 que evidenció falta de previsión y fallos en la protección de la salida del Camp Nou a Ronald Koeman y determinados jugadores.
El finiquito le estaba esperando para que otro ex de Mossos, Lluís Miquel Venteo, le relevara en el aparato de seguridad. Venteo rápidamente escaló posiciones hasta que el descontrol de la directiva de Laporta permitió la invasión de aficionados alemanes en la trágica noche del Eintracht.
Se hubo de buscar un chivo expiatorio y le tocó a él aparecer como el culpable de esa situación que llenó de dinero los bolsillos de las agencias oficiales de reventa del club, todas ellas asignadas a dedo entre amigos y conocidos de la junta de Laporta, que no podían vender una sola entrada a ningún ciudadano alemán, al menos según la normativa de la UEFA.
A causa de este nuevo escenario y también porque se barruntaban cambios en la agitada cúpula de Mossos y en el propio Govern, Joan Laporta cerró la incorporación de Xavier Porcuna como nuevo jefe de seguridad y operaciones del Barça, dejando súbitamente el cargo de responsable de la Comisaría Superior de Coordinación Central (CSUCOC) de Mossos d’Esquadra.
Hasta tres jefes de seguridad en poco menos de dos años, sin que se hayan disipado, al contrario, los temores de nuevos escándalos de seguridad como el del Enitracht. El partido de Europe League frente al Manchester United amenaza con volver a testar si tanto cambio en el área de seguridad podrá frenar el dinero fácil que algunos están acostumbrados a ganar con este tipo de partidos.
A propósito de la alta política sacudida por la crisis del cuerpo de Mossos, el sindicato mayoritario de los Mossos estudia acciones legales contra David Madí por sus declaraciones, aunque no está claro ni ha trascendido que el propio cuerpo se persone como parte perjudicada.
En cambio, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto una investigación a David Madí para aclarar los pagos de tres empresas del Ibex 35 —Telefónica, Gas Natural y Repsol— a la productora audiovisual catalana Triacom, que está vinculada con el caso de financiación irregular de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), según han confirmado fuentes judiciales. Las empresas abonaron un total de 3,4 millones de euros a Triacom por proyectos o trabajos cuya existencia real trata de determinar el juez.
La hipótesis de trabajo de los investigadores de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil es que parte de ese dinero pudo canalizarse hacia el partido nacionalista a cambio de adjudicaciones.
