La defensa de Homs había cuestionado el momento en el que dejan de contabilizarse los intereses de la reclamación económica en este caso y el órgano fiscalizador de las cuentas públicas, según esta información, ha resuelto que los intereses se cuentan hasta la devolución del importe a la administración perjudicada.

Homs sostenía que la reclamación de los intereses debía cesar desde julio de 2019, cuando se depositó la cantidad reclamada, pero el Tribunal de Cuentas se ha ratificado en la doctrina que establece que aquella consignación de fondos era cautelar, con carácter de garantía, y que el momento clave es el de la devolución definitiva, que es un reintegro.

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La juez instructora no vio indicios de delito y archivó el caso hace meses. Ahora, la sección octava de la Audiencia de Barcelona anula aquella decisión y ordena que se investigue a Homs en la misma causa abierta contra el exconsejero de Exteriores, Raül Romeva, el ex secretario general del Diplocat, Albert Royo, y otros altos cargos de la Generalidad.

La denuncia de la Fiscalía atribuye a Homs, en calidad de secretario general del Departamento de la Presidencia entre los años 2011 y 2012, la participación en la fragmentación de contratos para la empresa Corporation Travel Partners SA, que consistían en el desplazamiento y alojamiento en Barcelona de asistentes al encuentro mundial de comunidades catalanas en el exterior, que se celebró en la capital catalana en mayo de 2012. Con la fragmentación en dos contratos menores (de 17.850 euros), dice la Fiscalía, se evitó tener que abrir concurso público.

También se atribuye a Homs y a Senén Florensa, responsable de la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea (SAEUE), adjudicar a un despacho de abogados el asesoramiento jurídico para un proyecto de dinamización internacional.

Por último, el ministerio público señala que Homs concedió una subvención directa de 7.400 euros a la fundación CatDem, vinculada a la antigua Convergència. Según el fiscal, la subvención servía para «contribuir a la financiación de los gastos derivados de su pertenencia a la European Liberal Forum y la traducción a diversas lenguas de material de difusión de su actividad».

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La Guardia Civil encontró correos que revelan que la Generalitat encargó asesorías jurídicas sin concurso previo al actual consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, y al exconsejero de la Presidencia (2012-2016) y exportavoz de CiU en el Congreso (2015-2016) Francesc Homs.

Un correo localizado por los investigadores de la Guardia Civil revela que el 8 de febrero de 2019 se reunió con Ricard Font, secretario general de la Vicepresidencia de la Generalitat -que encabeza también la candidatura Pirineos-Barcelona- para sondear “propuestas de colaboración profesional” relacionadas con el proyecto olímpico.

Dos semanas después, el 22 de febrero de 2019, Elena envió a Font un correo con tres presupuestos de varios servicios de asesoría jurídica para los Juegos de Invierno. El primero ascendía a 10.000 euros más IVA y se centraba en la estructura organizativa que debía tener la candidatura; el segundo era de 14.500 euros más IVA y abordaba los aspectos medioambientales del futuro proyecto; y el tercero era una mezcla de los dos primeros, pero sumaba de nuevo 14.500 euros más IVA.

Elena reexpidió los presupuestos a Gerard Figueras, un dirigente de Junts que ocupa actualmente el cargo de secretario de Acción Exterior de la Generalitat, pero que entonces era secretario del Deporte y está imputado en diversas causas por prevaricación y malversación de fondos públicos. Por su condición de máximo responsable del Consejo Catalán del Deporte, Figueras ocupaba en esa época la presidencia de la candidatura de los Juegos de Invierno e influía en los desembolsos de Ferrocarrils de la Generalitat en todo lo relacionado con el proyecto olímpico.

Según consta en los documentos publicados este lunes, el dirigente de Junts no puso inconvenientes e, incluso, instó a pensar en un nombre para el sitio que tendría Albert Agustí, expresidente del Real Club Tenis de Barcelona, ​​en la estructura directiva de Barcelona-Pirineos, y en localizar también una oficina para situar su futuro despacho. “Abrazos Beto y muchas gracias”, responde en uno de los correos que investiga la Guardia Civil.

La Justicia investiga también a otros responsables públicos del deporte catalán por el desvío de fondos, entre ellos el antecesor de Figueres en el Consejo Catalán del Deporte, Ivan Tibau, así como un colaborador de éste, Xevi Ardite, que desempeñó varios cargos en órganos de la Generalitat relacionados con el mundo del deporte.

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