“Uber y Cabify se van de Barcelona”. Éste el el titular que reza en las cabeceras de los principales medios. Pero tal como ha sido en este larga batalla legal por la prevalencia del espíritu de la ley, la prensa informa con inexactitudes, porque el titular debiera ser: “Uber y Cabify se retiran porque ya no pueden operar como taxis”. Ésta es la realidad.
En el comunicado de Cabify, la empresa declara que se retira por las “restricciones a los VTC”. Tales restricciones son inexistentes, porque el decreto de la Generalitat de Cataluña lo que hace es hacer prevalecer la normativa vigente para los VTC.
Las autorizaciones (que no son licencias) de los VTC existen desde hace décadas y desde hace décadas que han convivido con el taxi con normalidad, en armonía. Ha sido a partir de la irrupción de Uber y de Cabify y su sistemática vulneración de la legislación que regula los VTC que se ha desatado el conflicto, porque desde entonces comenzó un período de robo del trabajo del taxi al operar los VTC, bajo la tutela de Uber y de Cabify, como taxis.
Ahora, al reordenarse el sistema jurídico, Uber y Cabify anuncian que se van. ¿Por qué se van? ¿Es que no pueden funcionar dentro del marco legal establecido para los VTC o es que hay algo que no estamos entendiendo? ¿Es el transporte de pasajeros el verdadero negocio de Uber y de Cabify o el negocio siempre fue otro? ¿Cuál ha sido el objetivo de quienes han liderado esta ofensiva contra la legalidad que regula el taxi? ¿Estamos en presencia de una gran estafa? Más bien parece esto último.
Lo explico. Unos pocos llamados “empresarios”, que más bien son “especuladores”, adquirieron la titularidad de miles de “autorizaciones” de VTC a 32 euros cada una. Es decir, por cada mil autorizaciones pagaron 32.000 euros. Éstas han de renovarse cada dos años, siempre que se cumplan determinados requisitos, entre éstos, que se haya estado usando efectivamente para el fin que se otorgó, cual es el transporte de pasajeros tras una previa contratación, generalmente, con doce horas de antelación.
Pues bien, basta con buscar a gente en el paro, les planteo que capitalicen el paro, luego con este respaldo que se endeuden con el banco y así les traspaso una autorización VTC a 60.000 euros, con la promesa de que le pondré un coche de renting y una aplicación que le estará dando servicios de transporte a diestra y a siniestra. El ingenuo cae y luego otro y otro y, así, mágicamente, hasta vender las mil autorizaciones para que, en cuestión de un breve tiempo los 32.000 euros se conviertan en 60 millones de euros. Sí, lo he escrito bien, 60 millones de euros a partir de 32.000 euros de inversión, en lo que, a todas luces, huele a una gran estafa.
Todo lo demás, la publicidad en las redes y en la prensa, los discursos sobre economía colaborativa, las acusaciones contra los taxistas tildándolos de ser un monopolio (lo que no es cierto), de ser una mafia (otra mentira, porque las regulaciones las impone la autoridad administrativa), toda esa parafernalia utilizada como una gran pantalla, como un gran velo para ocultar el objetivo real: el de la gran estafa de transformar 32.000 euros en 60 millones de euros, engañando a unos miles de incautos que creyeron que trabajar como taxis sin ser taxis resultaba posible.
Pero este tinglado ha sido preparado con paciencia y sutileza. Antes de llegar a este escenario, no debemos olvidar que, a partir del 1 de enero de 2016, se eliminó el permiso de conducción de la clase BTP (licencia B para transporte de pasajeros). En su momento, se arguyó que se hacía porque en el resto de Europa este permiso no existía y, de este modo, se igualaba la legislación española a la europea. No obstante, lo cierto es que con la eliminación del BTP se hizo posible que cualquier persona en posesión de una licencia B pudiera transportar pasajeros, lo que significó que Uber y Cabify tuvieron la masa crítica para contar con un ejército de conductores para transportar sus pasajeros, sin importar su preparación, ni su experiencia y mucho menos la seguridad para sus usuarios.
Esto se entiende ahora porque, al parecer, el objetivo principal fue el transformar 32.000 euros en 60 millones de euros. Todo indicaría que nunca el objetivo principal fue el transporte de pasajeros ni mejorar la movilidad. No. Esta podría ser una estafa meticulosamente preparada, con muchos cómplices de por medio, que la Justicia deberá investigar.
