Julio es un mes crucial en la historia de Cataluña. El 7 de julio del 2010 se produjo el almuerzo en el restaurante La Camarga de la diputada del PP Alicia Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez, la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, que fue grabado por unos detectives de la agencia Método 3 y que supuso el detonante del caso Pujol. El 25 de julio del 2014, Jordi Pujol emitió un comunicado donde confesaba que su padre, Florenci, le había legado una supuesta herencia económica en el extranjero que nunca declaró a Hacienda y cavó su fosa política. Y este pasado 16 de julio, el magistrado de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha hecho público el auto de procesamiento, por “organización criminal”, de los nueve miembros de la familia Pujol y de 18 de sus colaboradores en los negocios corruptos que perpetraron durante años. 

Debo reconocer que, como periodista, he sentido una gran satisfacción al leer los 509 folios del auto de procesamiento redactado por el juez José de la Mata. Es la confirmación y la condensación de todo aquello que, junto con un puñado de periodistas –entre los cuales quiero mencionar, especialmente, al compañero de fatigas Siscu Baiges–, hemos explicado y denunciado de manera reiterada: que el supuesto oasis catalán era, en realidad, una fétida cloaca enmascarada por la omertá mediática. 

Como periodista, yo empecé a descubrir muy pronto que el régimen pujolista era un antro de corrupción. Concretamente, en 1981, cuando el Gobierno de la Generalitat concedió una larga lista de avales a empresas de dirigentes de CiU y a medios de comunicación (caso CARIC). Después, vendrían el Lottogate, el caso Casinos, el caso Trabajo, el caso Prenafeta, el caso Cullell, el caso Jaume Roma, el caso Adigsa, el caso ITV, el caso ACM, el caso Palau, el caso 3%... Y la traca final: el tesoro de toda esta rapiña sistemática que los Pujol escondieron en un enjambre de paraísos fiscales. 

Si Cataluña fuera un país normal, esta “organización criminal” tendría que haber sido extirpada de la Generalitat en 1990, cuando Jaime Sentís, el director financiero de Inverama (Casinos de Cataluña), denunció el pago de más de 3.000 millones de pesetas de esta empresa de juego a CDC y a los medios de comunicación más afines al pujolismo (La Vanguardia, Avui, El Correo Catalán...). Estos pagos estaban relacionados con la adjudicación de las loterías de la Generalitat a la empresa Luditec SA, participada por Inverama y en la cual también “mojaba” el entorno de la Zarzuela, a través de Manuel Prado y Colón de Carvajal y del príncipe georgiano Zourab Tchkotoua, íntimo amigo del entonces rey Juan Carlos I

Pero el caso Casinos, como pasó con la querella por la quiebra de Banca Catalana, quedó enterrado por la justicia. La misma justicia que ahora es el blanco de las críticas del independentismo fue instrumentalizada, durante muchos años, para tapar la corrupción pujolista. Las cloacas del PP, del PSOE, de la Zarzuela y de CDC han estado interconectadas durante toda la etapa democrática y este es el origen del desprestigio de la política. 

He invertido 40 años de mi vida profesional sacando a la luz las corruptelas e irregularidades de la Generalitat, porque es la institución de autogobierno de mi país y soy catalán. Me sabe muy mal haber invertido tanto tiempo y energías a investigar y a denunciar todo aquello que nunca habría imaginado que pasaría, después del triunfante y emocionante retorno del presidente Josep Tarradellas a Cataluña. 

Yo creía que, después de la muerte de Franco, teníamos la oportunidad y el deber de construir un país moderno y ejemplar. Pero, acabada la dictadura, a continuación llegó la dictablanda de Jordi Pujol, marcada por la corrupción, la manipulación y la omertá mediática, que ha extendido su hegemonía hasta nuestros días, con el breve y decepcionante paréntesis de los tripartitos. 

Por eso, el auto del magistrado José de la Mata es tan importante. Describe perfectamente cómo funcionaba esta “organización criminal” que se apoderó de Cataluña y atribuye a sus integrantes una serie de graves delitos que, próximamente, tendrán que ser juzgados. La lectura de este auto judicial me ha reafirmado en mi compromiso profesional y da sentido histórico a la tarea, a menudo difícil e incomprendida, que hacemos desde EL TRIANGLE. 

En estos momentos de alegría por el deber cumplido, una constatación y un homenaje: si se ha podido acabar con la mafia pujolista ha sido gracias al valiente testimonio de Victoria Álvarez, una mujer que se la ha jugado y que no ha tenido miedo de denunciar las fechorías de Jordi Pujol Ferrusola, el “capellán de la parroquia”. También un reconocimiento a Montse Gassull, la exconcejal de ERC de Torredembarra, marginada por su partido, que dio el paso de denunciar la trama corrupta del 3%. Algún día, estas dos mujeres tendrán los honores públicos que merecen. 

Josep Tarradellas volvió a Barcelona en 1977 con un mensaje de unidad, futuro y esperanza. Continúo creyendo que Cataluña puede y debe tener un gobierno democrático, limpio, transparente y al servicio de esta sociedad plural y mezclada. Este pasado 16 de julio marca un transcendental punto de inflexión. Tengo 62 años y no desfallezco.