Hèctor López Bofill, el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra que fue cabeza de lista en Tarragona de Solidaridad y después formó parte de dos listas electorales de Junts per Catalunya, la última vez como candidato a senador por Tarragona.
López Bofill, cuyo Twitter muestra una foto de él con el expresidente Carles Puigdemont, ha tuiteado: "No soy partidario de un paro de país para responder a la sentencia. Perjudicaría a la economía catalana, a las empresas y a nuestra gente. En cambio, me pregunto qué pasaría si 300.000 contribuyentes no pagaran las retenciones de IRPF ni los IVA trimestrales a la Agencia Tributaria".
La última referencia va en la línea planteada por el expresidente de la ANC y diputado de JxCat Jordi Sànchez, que sugirió recientemente que "si 100 ciudadanos deciden no pagar impuestos para denunciar los incumplimientos presupuestarios del gobierno español, es seguro que tendrán un problema. Si son 300.000 ciudadanos los que no pagan, el problema lo tendrá el Estado".
Pero no todo el mundo lo ve claro. "¡Hombre, profesor! Soy asesor fiscal de pymes hace más de 30 años y como dicen los castellanos: ¿Te lo explico o té lo cuento? Sanciones, recargos, apremios, embargos, no poder pedir subvenciones, ayudas, etc. Vale más parar el país", ha respondido un usuario a López Bofill. "Antes que nada, esto sólo lo pueden hacer los autónomos y, segundo, los harían un embargo con recargo y todavía recaudarían más", ha apuntado otro.
Conocido por formar parte del sector más hiperventilado del procesismo, López Bofill fue absuelto de un delito de odio que se le había atribuido a raíz de varios tuits. En uno de ellos, decía: "Cuando seamos independientes yo me acordaré de los jueces, fiscales y funcionarios diversos que ahora contribuyen a extorsionar a Cataluña".
En 2014, manifestó que había que "reconstruir urgentemente el espacio independentista transversal de la línea dura", y proponía hacer la independencia a partir de seis puntos, entre los que citaba la "constitución de fuerzas de defensa para garantizar el control del territorio" y una "estrategia geopolítica basada en encontrar aliados ofreciendo satisfacer sus intereses sin moralismos sobre sus gobiernos", así como proferir "amenazas a los miembros de la UE sobre su capital en Cataluña si no se avienen a integrarnos en la libre circulación" y denegar la ciudadanía a las personas que no acreditaran el conocimiento de la lengua catalana.
Defensor del Institut Nova Història, consideró "de fireta" el "referéndum o referéndum" de Puigdemont, apostó por la independencia en 18 meses y exigió la DUI al entonces presidente catalán. El año pasado consideró necesario aclarar si el gobierno de España, durante el mes de octubre de 2017, "estaba dispuesto a practicar el primer genocidio en Europa occidental después de la II Guerra Mundial". "De esto tiene que ir la Comisión de la Verdad", añadía.
