Pero existe una idea aún peor que un referéndum: un referéndum ilegal. Voy a contar la historia de cómo una votación ilegal fulminó la democracia griega hace 2425 años. En 406 a.C. la flota ateniense libró una batalla contra los espartanos junto a las islas Arginusas, frente a la actual Turquía. Entre el combate y las condiciones climáticas, veinte de sus naves naufragaron. La tormenta hizo imposible socorrer a los supervivientes y a los 8 generales atenienses (los estrategos) no les quedó más remedio que refugiarse en el mismo puerto que su enemigo; es decir, enfrentarse a una batalla final a la vez que renunciaban a recuperar los cuerpos de sus cinco mil náufragos.

La batalla la ganaron, pero en Atenas la tragedia causó un enorme dolor entre las familias de los náufragos y un movimiento popular liderado por Calixeno culpó a los estrategos del abandono. Aunque el órgano competente, el Consejo, juzgó que la decisión había sido prudente y les exculpó, en la calle solo se oía a los que exigían que fueran juzgados de nuevo por la Asamblea, aun sabiendo que eso era contrario a la legalidad. Muchos miembros de la Asamblea se sumaron a ese deseo de 'justicia' paralela e inmediata.

El dolor por la pérdida de tantas vidas era tan extendido en Atenas que nadie se atrevió a condenar un segundo juicio contrario a la ley. Perdón, alguien sí. Aunque el consejo lo formaban ciudadanos escogidos al azar, Jenofonte dejó escrita la rara casualidad histórica que hizo que uno de ellos resultara ser Sócrates. Fue el único que defendió el juicio legal y negó la competencia de la Asamblea para juzgar a los estrategos, pese a las amenazas de que podría acabar como ellos. No sirvió de nada.

La Asamblea decretó la pena de muerte para los ocho generales, en votación a mano alzada. Al poco tiempo de su ejecución, los atenienses se dieron cuenta de que habían perdido a sus ocho mejores estrategos y que nadie podía defenderles de Esparta. Calixeno y los demás promotores del juicio asambleario fueron entonces perseguidos, pero ya era demasiado tarde. Dos años después de la dramática victoria ateniense en Arginusas, la ciudad se rindió a los espartanos, sus murallas fueron derruidas y la guerra del Peloponeso llegó a su fin. La democracia ateniense sucumbió bajo su propio populismo.

Los eventos fueron de tal importancia que nos han llegado por varias vías, incluyendo el detallado relato de Jenofonte. Quizá gracias a esos sucesos y a sus relatores, hoy en Occidente vivimos en democracias representativas y sabemos que la democracia es mucho más que votar. Excepto nuestros Calixenos (a quienes mi pseudónimo hace referencia con poco disimulo), casi todos sabemos que el respeto a la legalidad de las votaciones debe prevalecer y que en ninguna democracia existe el derecho a votar contra la ley. Y por eso, cuando Podemos, el independentismo, o Vox quieran imponernos un referéndum no en base a la legalidad o a una decisión del Congreso, sino en base al ‘sentir popular’, o a pretendidos ‘derechos fundamentales’ debemos recordar esa historia de la que emana nuestra imperfecta democracia.

Nuestros políticos, además, deberían recordar que el populista Calixeno, que huyó antes de ser juzgado, acabó regresando a Atenas tras una amnistía, pero murió de hambre, despreciado por sus conciudadanos.

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Varias generaciones de catalanes hemos crecido bajo la presunción del derecho de autodeterminación. Cuestionarlo era tabú y, por tanto, ni se discutió ni tuvimos más explicación que un supuesto derecho natural colectivo, un tipo de legalidad mágica paralela. Pero los derechos son leyes escritas, garantizadas por la legislación del lugar donde has tenido la suerte (o no) de nacer. Por ejemplo: no naces con derecho a circular por la izquierda ni a independizarte de tu comunidad de vecinos porque la ley (española) no te lo garantiza. Sí que puedes formar un partido que defienda, por ejemplo, que quemar 1035 contenedores es un uso legítimo del derecho de protesta, pero sin olvidar que los ayuntamientos tampoco son soberanos y rinden cuentas al poder judicial y al ejecutivo. En resumen, no somos personas independientes porque disfrutamos de un sólido contrato social, lo cual distingue Suiza de Haití.

Pueden parecer banalidades, pero es que nuestro problema es una profunda carencia de cultura democrática que no veo ni en otras partes de España ni a gran parte de Europa. Los que hemos crecido en la izquierda no hemos sabido transmitir que si tenemos derecho a divorciarnos o a casarnos con alguien de nuestro mismo sexo no es porque lo sentimos muy fuerte como pueblo, sino porque cambiamos las leyes (españolas) legalmente. El derecho de autodeterminación (mito revelado del nacionalismo que la misma ONU ha tenido que desmentir) nunca ha sido legislado, en ningún país. Ni lo hará, porque justamente contradice el principio de soberanía base de cualquier sistema legal. Por eso tampoco la Constitución de la República Imaginaria de Catalunya ni la Ley de Transitoriedad establecían ningún mecanismo para que Barcelona o Tarragona se autodeterminasen.

Pero si le explicas a un independentista estándar que para reformar la Constitución necesitas dos tercios del Congreso, te contestará que esto no lo puede conseguir y que es injusto porque su pueblo (pero este pueblo incluye sólo los fieles, en contraste con ciudadanía) es soberano. Y cree que es soberano porque efectivamente en esta limitada definición de pueblo ungido si que son dos tercios. ¡E incluso ocho novenos! De aquí aquello de "las calles serán siempre nuestras". En definitiva, se trata de un derecho no se sabe si histórico, natural o divino del que disfruta un subconjunto pobremente definido de los catalanes.

Este es el bucle del que la izquierda no ha sabido escapar: confundir la soberanía popular con el derecho a decidir de cualquiera que se autoerija como pueblo. Esto es una cosa propia de la anarquía o de la adolescencia, pero ajena a la Internacional que sabía bien que ley y justicia, empezando por el respecto al demos establecido, son el arma del débil.

Por eso pienso que un eslabón fatal muy subestimado en la cadena que nos ha llevado hasta aquí fue el día en que el nacionalismo arrinconó para siempre jamás a ICV con una declaración de soberanía que engañó a este ambiguo pueblo catalán. Fue el 23 de enero de 2013. Tampoco el PSC ha explicado bien por qué la soberanía sólo puede ser del titular de la Constitución. Ni la derecha española que, a pesar de que sí que evitó la trampa, sufre una palmaria falta de proyecto y de fe en la política. Es irónico que callen por miedo a ser tildados de fascistas por quienes justifican la violencia o derogan las leyes fundamentales (aprobadas por un 86%) para imponer las suyas (47%).

El futuro se construirá a partir de la legalidad de un país, España, del que Catalunya fue cofundador. En los siglos XV o XIX, Catalunya, fuese lo que fuese, formó parte de este contrato social tan fructífero que la sacó de la Edad Media y nos ha hecho una de las regiones más prósperas de Europa. Lo que no se puede hacer es romper unilateralmente un contrato cuando eres quien más se ha enriquecido con él. Nos aboca al caos por su ilegalidad y por su inmoralidad.

Sólo cuando se explique bien el demos se entenderá automáticamente por qué el no-referéndum del 1-O fue un profundo ataque a la democracia y por qué el 27-O fue un simulacro de golpe.

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Aunque no lo supimos hasta mucho más tarde, la deriva independentista se urdió a finales de 2011. Ante el inminente embargo, CDC necesitaba un nuevo objeto de propaganda para mantener la impunidad. Pujol planeó su conversión indepe en familia en noviembre, Convergència fundó la ANC en marzo de 2012, y Mas se volvió indepe en julio. El contexto de estas conversiones era la peor crisis económica en democracia, la investigación a exministros y miembros de la familia real y una enorme presión social contra la corrupción: #15M, asedio al Parlamento. Este cóctel y la inestimable colaboración del periodismo concertado de Catalunya acabaron reuniendo medio millón de independentistas el 11-S de 2012. El astuto dobló entonces su farol pactando contra natura con quien le acababa de quitar 12 escaños.

El error habría quedado bien patente si no fuera porque, en 2013, la izquierda indepe y la izquierda quedabién le hicieron al pujolismo el regalo de su vida: una declaración de soberanía que nutriría su postureo reivindicativo durante años. "El pueblo de Catalunya tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano". Comenzaba el universo paralelo del mandato popular.

Los recortes, los desahucios y la corrupción acabaron pariendo Podemos y para ganar en 2015 hubo que doblar de nuevo la apuesta. Esta vez, Mas rompió CiU y para las elecciones ofreció un nuevo estado de Europa en 18 meses, otra prórroga controlando el abrevadero. El 6 de septiembre de 2017 pocos pensaban en una DUI. El plan A de Puigdemont era que le aplicasen el 155 lo antes posible y ganar las elecciones como víctima tirando de la bien cultivada estrategia Calimero. Pero el plan falló porque en Madrid nadie movió una ceja. Puigdemont dejó entonces el referéndum a los voluntarios, incapaz de convocar una Junta Electoral ya que no tenía vocación de mártir. Así, además de lavarse las manos, preparó su plan B.

Su plan B era conseguir un fracaso del referéndum del 1-O y una violencia sin precedentes que le permitiera ir a elecciones, esta vez sí, con la legitimidad de la víctima. El mismo ex secretario de comunicación Josep Martí explica que buscaron una reacción policial mucho peor. La previsión de un escenario violento ha sido documentada en varios registros del 20-S. El propio Trapero les advirtió del peligro y Madrid ofreció alternativas, pero Puigdemont las ignoró porque la catástrofe era su última carta para seguir al frente del postproceso.

Pero este plan B también falló: Madrid volvió a no reaccionar como esperaban y la actuación policial resultó la habitual en Catalunya contra el 15M, no impresionó a Europa y, aún peor para el presidente, su enorme impacto mediático no hizo más que movilizar a sus bases y al liderazgo más naif de ERC, empujándolo a la primera falsa DUI del 10-O. Mientras, se dispara la fuga de sedes de empresas y la realidad empieza a caer como lluvia fina sobre el independentismo.

Nadie da por buena aquella independencia de 8 segundos y las bases exigen más. Puigdemont intenta prolongar la agonía convocando elecciones, pero ya no manda. Fugitivo o traidor, discierne Puigdemont; enfrentarse a la Justicia no es opción. "No creo en los mártires", repite el aspirante a Luther King. Incómodo, asiste al segundo simulacro de DUI, el 27 de octubre, sin cruzar apenas palabra alguna con su vicepresidente. Cada uno vuelve a su casa a ver la república por TV3. Al día siguiente Puigdemont anima a sus consejeros a volver el lunes al trabajo y materializar la república mientras él se mete en un maletero y huye. Apreciando riesgo de fuga y reiteración delictiva, el juez dicta prisión preventiva para sus compañeros de performance.

Así hemos llegado a este desastre, el rotundo éxito del proceso. Porque el síndrome Calimero asegura todavía muchas futuras victorias electorales y el cumplimiento estricto de su finalidad última: preservar el nacionalcatolicismo catalán repartiendo el pienso público.

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