La concejal de JxCat en el ayuntamiento de Barcelona Elsa Artadi ha sido señalada por el magistrado Joaquín Aguirre como presunta autora de un delito de tráfico de influencias. En la investigación por derroche de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias de la Secretaría General del Deporte de la Generalitat, se desprende que Artadi habría "influido" de forma decisiva para que la Diputación de Barcelona contratara como asesora a la exregidora de CiU, Maite Fandos. El juzgado de instrucción 1 de Barcelona sigue la investigación sobre la duplicidad de subvenciones entre la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Cataluña en publicidad insertada en las revistas ONGC y Catalan International Review.

Así, se han registrado las sedes de la Secretaría General del Deporte en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y el Equacat (gestor del Canal Olímpico de Castelldefels), además de los domicilios particulares de Gerard Figueras, secretario general del Deporte y exdiputado de CiU, y Maite Fandos, así como el de Lluís Pellisera, subdirector general de gestión y recursos humanos de Consejo Catalán del Deporte, ente dependiente de la Secretaría General del Deporte.

Además, la Guardia Civil ha retenido a Figueras, Fandos, Pellisera y Alejandro Gallo, el apoderado de Equacat. La investigación, llamada Voloh, arrancó cuando el juez Aguirre se hizo cargo del desvío de subvenciones destinadas a cooperación de la Diputación de Barcelona hacia empresas vinculadas a Convergència Democràtica.

A raíz de la documentación que se recogió entonces, ahora hace un año, se decidió intervenir el teléfono de Gerard Figueras, desde donde este alto cargo ha mantenido varias conversaciones que, según la investigación, son indicios de derroche de fondos, prevaricación y tráfico de influencias. Incluso, según se relata en la investigación judicial, en una de las conversaciones el propio Figueras reconoce a su interlocutor que podría estar cometiendo un delito.

El juez ha ordenado la entrada y registro para obtener las facturaciones entre la Secretaría General del Deporte y el Consejo Catalán del Deporte con la Plataforma Pro Selecciones Deportivas de Cataluña entre 2015 y 2019, con la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña correspondientes al mismo periodo, y con la Federación Catalana de Gimnasia entre 2018 y 2019. Finalmente, también reclama las facturas con Equacat. En este último caso, según la investigación judicial, Alejandro Gallo habría emitido facturas falseadas para justificar gastos.

En cuanto a Maite Fandos, de la intervención telefónica a Gerard Figueras, se desprende que su partido, el PDECat, la quería tener en un cargo bien remunerado. En una conversación, Figueras y el presidente de Ferrocarriles de la Generalitat, Ricard Font, comentan que "es importante tener controlada a Fandos para que no se desboque y no explique lo que no toca".

Así, después de mirar diferentes opciones, la intervención de Elsa Artadi fue suficientemente significativa para que "influyera" para que la Diputación de Barcelona contratara a la exteniente de alcalde de Bienestar de Xavier Trias como "asesora técnica" en el área de Innovación y Gobiernos Locales de la Diputación. Según la investigación, el trabajo real estaría relacionado con la preparación de la candidatura Barcelona-Pirineos que opta a los Juegos de Invierno 2030.

"La investigación pone de relieve el papel que ha jugado Elsa Artadi, quien había ocupado el cargo de consejera de Presidencia y ahora es regidora del Ayuntamiento de Barcelona y miembro de la Junta de Gobierno de la Diputación de Barcelona, siendo la persona que habría influido en altos cargos de esta institución para que se nombrara a Maite Fandos", dice el juez Aguirre, quien añade que Artadi habría consensuado el nombramiento con el presidente del PDECat, David Bonvehí. Precisamente, el PDECat, mediante un comunicado, se ha desmarcado de presuntas irregularidades cometidas con el supuesto objetivo de financiar irregularmente la formación.