El juez José de la Mata considera, en su auto de procedimiento abreviado del caso del 3%, que el núcleo de "la asociación ilícita" o de 'la organización criminal" creada para financiar ilegalmente al partido Convergència Democrática de Catalunya (CDC) estaba formado por seis personas. Estas personas eran Germà Gordo, Daniel Osácar, Andreu Viloca, Francesc Xavier Sánchez, Anna Dolors Benítez y Carles del Pozo. En su escrito, sin embargo, De la Mata señala que "el liderazgo de la organización estaba integrado por varias personas, sin perjuicio de la existencia de otras que, al menos por el momento, no han sido identificadas". Esta reflexión apunta a los máximos dirigentes del partido que nombraron a estas personas, incluidos los ex-presidentes Jordi Pujol y Artur Mas.

Germà Gordo, Daniel Osácar y Andreu Viloca fueron gerentes de CDC mientras que Francesc Xavier Sánchez fue responsable jurídico del partido y Anna Dolors Benítez y Carles del Pozo trabajaron en su área financiera y económica. El auto judicial asegura que "para allegar recursos económicos ilícitamente, los miembros de la organización, de forma sistemática y organizada, influían en las autoridades en distintas Administraciones públicas catalanas porque direccionaran los concursos públicos a los empresarios conniventes, quienes a cambio de la influencia (y en ocasiones de la propia adjudicación), hacían donaciones a las Fundaciones de CDC; es decir, hacían donaciones económicas al partido político CDC".

"La organización tenía perfectamente definidos los circuitos de coordinación (mediante reuniones con los empresarios por un lado y con las autoridades por otro, tareas que caían en las manos de Gordo, Osácar, Viloca y Sánchez; los circuitos económicos (para lo que utilizaban las Fundaciones adscritas al partido); los circuitos administrativos (en manos de los tesoreros, y también de los responsables de las áreas económica y contable (Del Pozo y Bentez); y los mecanismos y procedimientos a emplear para conseguir hacer llegar los fondos desde las Fundaciones a su destino final, que no era otra que CDC", se lee en el auto.

La desviación de fondo a CDC a través de este mecanismo es de gran trascendencia, según De la Mata, que calcula que, en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2012, supuso una media del 11,5% de su financiación privada y un 7,7% de su financiación total (pública y privada).

En el reparto de funciones para realizar las operaciones para desviar fondos a CDC, el juez considera que Germà Gordo se encargaba de coordinarlas, que él mismo, con Osácar, Viloca y Sánchez, se responsabilizaban de hacer la interlocución con los empresarios, las autoridades y los cuadros inferiores del partido mientras que el propio Sánchez, además de Benítez y del Pozo se ocupaban de las tareas administrativas y econòmico-financieras. Resalta que "actuaron dentro de una estructura caracterizada por un centro de decisiones y diversos niveles jerárquicos", que "la operativa investigada se vino manteniendo a pesar de los relevos en las personas físicas encargadas de su ejecución en las estructuras del Partido" y que "la finalidad de la organización era claramente ilícita: obtener multimillonarios beneficios ilícitos para financiar ilícitamente al partido CDC".