El gobierno central ha enviado al Tribunal Supremo la documentación que certifica que ni el Ejecutivo de Mariano Rajoy ni el Consejo de Seguridad Nacional no se plantearon en ningún momento aplicar la Ley de Estado de Sitio y la Ley de Seguridad Nacional ni antes ni después de la celebración de la consulta independentista del 1-O.
Esta documentación está avalada por el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, y por la directora del Secretariado del Gobierno, Clara Mapelli Marchena, según avanza El País.
La presidencia del gobierno central envió esta información al Tribunal Supremo el mes de febrero dentro del contexto del juicio contra los líderes independentistas catalanes por el 1-O. El abogado Xavier Melero que lleva la defensa del ex-consejero catalán de Interior, Joaquim Forn, había pedido las certificaciones y el tribunal las consideró pertinentes.
En este contexto, las defensas de los acusados quieren dejar patente que si se hubiera dado el delito de rebelión, tal como afirma la Fiscalía, el ejecutivo central tendría que haber estudiado la posibilidad de aplicar tanto la Ley de Estado de Sitio como la Ley de Seguridad Nacional.
