Los exmiembros de la Mesa del Parlamento durante la presidencia de Carme Forcadell han declarado este miércoles en la primera sesión del juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los acusados, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó han asegurado que la Mesa no podía frenar que se debatiera sobre las leyes del 'procés' porque no entraban en el contenido del que se debatía. Así, han negado que hubiera voluntad de desobedecer al Tribunal Constitucional.
Este es el tercer juicio por el 1 de octubre. Después del proceso contra los líderes políticos y civiles del referéndum y contra la cúpula de los Mossos, este martes se han sentado en el banquillo de los acusados los miembros independentistas de la Mesa del Parlamento que lideraba Forcadell, que fue separada de la causa hacia el Supremo.
La fiscalía pide 1 año y 8 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por desobediencia por haber permitido que se debatieran y se tramitaran las leyes que amparaban el referéndum, las conocidas como leyes de desconexión desobedeciendo las indicaciones del TC. La abogacía del estado pide penas ligeramente inferiores.
Los acusados han coincidido a señalar que la Mesa del Parlament se limitaba a analizar las cuestiones formales sin entrar en el contenido que se iba a debatir en los plenos y han subrayado que este órgano parlamentario no tenía capacidad para modificar ni para impedir ninguna iniciativa parlamentaria si cumplía con los requisitos formales para ser debatida en el pleno.
Mireia Boya es la única acusada en esta causa que no formó parte de la Mesa del Parlamento y está acusada por haber presentado la propuesta para la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica para desconectar jurídicamente con el Estado. La exdiputada de la CUP ha defendido que su grupo parlamentario quería "avanzar en el camino de la independencia de Cataluña" y que actuaron según lo que establecía su programa electoral.
Por otro lado, Vox ha esperado hasta última hora, pero finalmente ha retirado la acusación de organización criminal contra los miembros de la mesa del Parlamento. El partido ultra pedía una pena de hasta 12 años de prisión contra los acusados a pesar de que todo hacía prever que este delito no saldría adelante por la sentencia del Tribunal Supremo.
