El Tribunal de Cuentas seguirá adelante con el procedimiento abierto contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y algunos de sus consejeros por el presunto desvío millonario de recursos económicos para el referéndum ilegal del 1-O. Así mismo, ha rechazado responsabilizarlos de los gastos del dispositivo policial para esta jornada, conocido como 'operación Copérnico'.

En una interlocutoria, la consejera de Cuentas Margarita Mariscal de Gante ha dado por finalizada la fase preliminar del procedimiento abierto el diciembre del año pasado por las denuncias de la Fiscalía y de Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución.

La instructora de las diligencias preliminares precisa que se tiene que investigar los gastos que puedan estar relacionadas con el referéndum, pero en ningún caso los derivados del desplazamiento de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tal como solicitaron las asociaciones.

En este sentido, recoge el argumento expuesto por la Abogacía del Estado en sus alegaciones y explica que "para que pueda apreciarse la existencia de una responsabilidad contable es necesario que el menoscabo de los caudales públicos se haya producido por las personas que han gestionado estos fondos".

Continúa diciendo Mariscal de Gante que en el supuesto que se está analizando no tiene lugar esta circunstancia, porque "los responsables del referéndum ilegal del 1-O, evidentemente, ni ordenaron la denominada 'operación Copérnico' ni el pago de los gastos necesarios para llevarla a cabo".