El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha desestimado el recurso que había presentado Iberpotash, actual ICL Iberia, la filial de la multinacional israelí ICL, contra la sanción de 5,84 millones de euros que le impuso la Comisión Europea por haber recibido ayudas públicas ilegales del Estado central y la Generalitat de Cataluña.

El TGUE descarta que la Comisión Europea determinara por error la sanción, impuesta en 2017 porque la multinacional que explota las minas de potasa del Bages no asumió, en el recubrimiento de los residuos de la explotación de Vilafruns, los gastos de protección medioambiental que asumen sus competidoras, de manera que se benefició de una "ventaja competitiva excesiva".

La resolución, que se alinea con sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo, considera improcedente que el recubrimiento de Vilafruns, cifrado en más de 10 millones de euros, se pagara totalmente con fondos públicos, y señala que la mitad del importe correspondía a la multinacional.