El último informe de la Sindicatura de Cuentas denuncia las facilidades que algunas empresas encontraron durante años a la hora de conseguir contratos de obra pública de la Generalitat.
Las dos empresas que más se beneficiaron de estos atajos técnicos entre 2012 y 2014 están implicadas directamente en casos de presunta financiación irregular de Convergència (CDC).
El informe del organismo fiscalitzador se centra en la gestión que el Gobierno hizo durante este periodo, bajo la presidencia de Artur Mas, de Infraestructures.cat, la licitadora más grande de obra pública de la Generalitat e implicada, entre otros, en el caso Petrum de presunta corrupción.
Según la Sindicatura, el método para escoger qué empresas tenían que llevar un contrato era por "criterio subjetivo" de la mesa de contratación. Es decir, que las adjudicaciones se tomaban por baremos personales, a veces sin justificar, que además tenían un peso definitivo: entre un 65% y un 70% del total de la puntuación.
A través de este sistema se otorgaron hasta nuevo expedientes. Seis de ellos, valorados en 990.000 euros y adjudicados en sólo ocho meses de 2013, acabaron a partes iguales en manos de Soler Global Service, filial del Grupo Soler, y de MyJ Grúas. Las dos compañías están implicadas en sendos casos de corrupción, con CDC como protagonista. A lo largo de 2013, las dos empresas ingresaron donaciones en la fundación CatDem, vinculada al partido nacionalista.
